La Corte Suprema dispuso modificar el sistema de incrementos de las cuotas en las empresas del sector a partir de una demanda presentada por una afiliada.
La Corte Suprema dispuso modificar el sistema de incrementos de las cuotas en las empresas del sector a partir de una demanda presentada por una afiliada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó las condiciones bajo las cuales las empresas de medicina prepaga pueden actualizar el valor de sus cuotas. De esta forma, las empresas deberán solicitar autorización al Gobierno antes de implementar nuevos incrementos en sus cuotas.
El fallo del máximo Tribunal reaviva la discusión del esquema de regulación de los precios de la medicina privada y el alcance de las facultades del Estado para intervenir en los aumentos.
“No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron los integrantes del Máximo Tribunal, y remarcaron que era necesario explicar por qué resultaba urgente quitarle al Estado las facultades de fiscalización sobre los aumentos.
El fallo establece un nuevo marco para las empresas, que ya no podrán disponer libremente de las actualizaciones de sus cuotas sin cumplir con el procedimiento de autorización correspondiente.
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
También dispuso que el Estado nacional vuelva a asumir las funciones de fiscalización que tenía antes de la entrada en vigencia de la norma. Esa tarea estará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El fallo contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y alcanzó a los artículos 267 y 269 del decreto firmado por Javier Milei que modificaron la Ley de Medicina Prepaga y eliminaron las atribuciones estatales para intervenir en la actualización de los valores de los planes de salud.
En los fundamentos, señalaron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar la eliminación de esos controles en el marco de la emergencia económica y social.
La Corte Suprema sostuvo que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis económica y social invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Para los jueces, tampoco se explicó de qué manera esa decisión podía contribuir a resolver la situación de emergencia.
La causa se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.