El máximo tribunal aceptó un planteo del fiscal Mario Villar y dispuso que el expediente quede a cargo del juez federal Daniel Rafecas, al cuestionar la decisión que había enviado el caso a Campana.
La Corte Suprema de Justicia resolvió que la causa por el presunto lavado de activos en la compra de una mansión en Pilar, vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deje el juzgado federal de Campana y vuelva a los tribunales de Comodoro Py. en manos del juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3.
La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes hicieron lugar al recurso de queja presentado por Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. El funcionario había cuestionado que la investigación quedara bajo la competencia del juez de Campana Adrián González Charvay.
Villar había recibido un rechazo en octubre, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible su recurso para trasladar el expediente a Comodoro Py. Ante esa decisión, acudió a la Corte Suprema, que finalmente aceptó su planteo y ordenó modificar el juzgado que lleva adelante la investigación.
La causa investiga la compra de una propiedad de 105.000 metros cuadrados ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte. Ambos son señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, debido a que sus ingresos no se corresponderían con el valor del inmueble, tasado en más de 20 millones de dólares.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que intervino para "encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite" respecto de la determinación del juzgado competente. También consideró que se había vulnerado la garantía del juez natural por una "prístina y grosera violación a las reglas de competencia".
La Corte cuestionó que la investigación hubiera sido enviada a Campana por la ubicación de la mansión y señaló que existen elementos objetivos para vincular los hechos con la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, mencionó que Real Central SRL, la sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, tiene su sede en territorio porteño y que la escritura de compra también se firmó allí. Además, recordó que la AFA tenía su sede en la ciudad al momento de los hechos.
Los jueces también remarcaron que la investigación no debe limitarse a la adquisición de la propiedad, sino que comprende una presunta estructura societaria y financiera destinada a canalizar, administrar y legitimar activos de origen ilícito. Según el fallo, se trata de una pesquisa compleja que involucra a distintas personas físicas y jurídicas.
En ese sentido, la Corte aclaró que la mansión fue el punto de partida de la denuncia y de la apertura del expediente, pero que "de ningún modo abarca el objeto de investigación". De esa manera, cuestionó que la competencia se hubiera definido exclusivamente a partir del lugar donde se encuentra el inmueble.
Por último, el máximo tribunal criticó la resolución de Casación que había rechazado el planteo del fiscal Villar. Señaló que esa instancia concentró su análisis en la competencia por la materia, pero omitió tratar los argumentos de la fiscalía sobre la competencia territorial y la intervención de la justicia federal porteña.
El traslado representa un revés para la AFA, que buscaba que las distintas causas que involucran a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, tramitaran en los tribunales de Campana. Con la resolución de la Corte, la investigación por la mansión de Pilar volverá a Comodoro Py y quedará bajo la órbita del juez Rafecas.
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