Los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron escritos ante la Justicia. El fiscal Franco Picardi los acusa de integrar un esquema de cartelización y sobreprecios en la compra de medicamentos.
Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, se negaron a declarar este miércoles en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), solo presentaron escritos ante la Justicia y se abstuvieron de respondier preguntas sobre las acusaciones en su contra.
El fiscal Franco Picardi sostiene que la empresa habría "cooptado" al organismo estatal mediante un supuesto esquema de cartelización y sobreprecios en la compra de medicamentos. Tras las indagatorias, el juez federal Ariel Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los empresarios: podrá procesarlos, sobreseerlos o dictarles la falta de mérito, informaron fuentes judiciales.
Jonathan Kovalivker llegó a los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado, Martín Magram, presentó un escrito y se retiró. Minutos después ingresó su hermano Emmanuel, quien también entregó un descargo sin contestar preguntas. La fiscalía había solicitado las indagatorias a partir de mensajes telefónicos y documentación sobre las compras de la Andis y las operaciones de Suizo Argentina.
Uno de los antecedentes de la investigación se remonta a agosto del año pasado, cuando la Justicia allanó los domicilios de ambos empresarios y ordenó requisarlos para secuestrar sus teléfonos. Según la reconstrucción de la fiscalía, Emmanuel fue encontrado cuando intentaba retirarse en su vehículo con una decena de sobres que contenían 266.000 dólares y anotaciones. En el caso de Jonathan, el jefe de seguridad de Nordelta habría sido alertado sobre el operativo, lo que le permitió eludir a la Policía.
En el pedido de indagatoria, Picardi también señaló al lobista Pablo Atchabahian como un presunto intermediario entre la droguería y directivos de la Andis, a quienes habría impartido instrucciones. El dictamen incorporó mensajes intercambiados en agosto de 2023 entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker. En uno de ellos, el lobista le escribió: "Gracias Ema querido soy un soldado", a lo que el empresario respondió: "Un gran soldadi" (sic).
Otro de los elementos centrales de la investigación son las conversaciones internas de la droguería sobre la comercialización de cladribina, una droga producida por el Laboratorio Richmond y comercializada bajo el nombre de Eurit. El 4 de julio de 2024, Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales, escribió en el grupo "Comercial Coordinadores": "Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten".
Seis minutos después, Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales, preguntó: "Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos" (sic). Un minuto más tarde recibió como respuesta: "Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata". Para la fiscalía, esos mensajes deben analizarse junto con las adjudicaciones posteriores del medicamento.
La documentación incorporada al expediente señala que, en las compulsas del 29 de julio y el 2 de agosto de 2024, se adjudicaron 66 unidades de cladribina. De ese total, 52 quedaron en manos de Suizo Argentina a un valor unitario de $3.900.000, mientras que las restantes se adjudicaron a $4.000.000 cada una. La fiscalía contrastó esos montos con una adjudicación de mayo, cuando la misma droga había sido adquirida a $281.000 por unidad, y con una cotización posterior de la propia Suizo, que en agosto la ofreció a $405.014.
Picardi sostuvo que el último precio representaba apenas el 9,89% del valor al que la empresa había obtenido la adjudicación ese mismo mes. "El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores", consideró la fiscalía. También puso bajo análisis las ofertas presentadas por las otras droguerías que participaron de las compulsas.
En la licitación de julio, Suizo Argentina y Droguería del Sud cotizaron la cladribina a $3.900.000 por unidad, mientras que Soldist presentó una oferta de $4.100.000. Sin embargo, según la investigación, en la compulsa inmediatamente anterior Soldist había ofrecido el mismo medicamento a $820.000. Para Picardi, esa diferencia podría haber buscado dar una apariencia de competencia y transparencia para favorecer la adjudicación a Suizo Argentina. Desde la empresa rechazaron las acusaciones y calificaron como una "novela" la interpretación del fiscal.
Un día antes de las indagatorias de los hermanos Kovalivker había declarado Sebastián Nuner Uner, un alto ejecutivo de la droguería señalado por la fiscalía como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita investigada. Al igual que los empresarios, presentó un escrito de descargo y se negó a responder preguntas. En su presentación rechazó las acusaciones y el supuesto vínculo con la Agencia de Discapacidad, pidió su sobreseimiento y negó haber participado en una maniobra para manipular precios o direccionar compras.