SLB y Baker Hughes, dos gigantes mundiales de servicios y tecnología para la industria petrolera, anunciaron que no participarán de licitaciones destinadas a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.
Dos de las mayores compañías de servicios para la industria petrolera mundial anunciaron que no participarán en proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, apenas dos días después de que el presidente Javier Milei comunicara nuevas medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras extraigan recursos en territorios nacionales bajo ocupación británica.
Se trata de SLB, una de las principales empresas globales de servicios petroleros, y Baker Hughes, proveedor internacional de tecnología para el sector energético. Ambas compañías comunicaron este sábado que no participarán ni tienen previsto intervenir en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y sus aguas circundantes.
Ninguna de las dos firmas está actualmente vinculada con Sea Lion, el yacimiento ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
SLB, fundada en París, con sede en Estados Unidos y operaciones en alrededor de 100 países, explicó que su posición responde a lo dispuesto por el decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
“SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la compañía.
La firma agregó que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.
En la misma línea se pronunció Baker Hughes Argentina S.R.L. La multinacional informó que, en cumplimiento del decreto firmado por Milei, “no participa ni tiene previsto participar” en licitaciones para prestar servicios a emprendimientos hidrocarburíferos en las Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
La compañía destacó además su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y recordó que mantiene desde hace más de 70 años una vinculación con el desarrollo de la industria energética nacional.
Los anuncios se producen después de que el Gobierno avanzara con una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sobre las compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas. El decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
La normativa alcanza a los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Entre otros puntos, dispone que los organismos públicos deberán comunicar posibles infracciones dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, los investigados contarán con diez días para realizar su descargo.
Paralelamente, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas y empresas, por su presunta participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
La Casa Rosada advirtió que las investigaciones no se limitarán a las empresas que desarrollen directamente esas tareas, sino que también podrán alcanzar a sus accionistas y a compañías que les brinden servicios para concretarlas.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”, sostuvo el Gobierno al anunciar las medidas.
El Ejecutivo aseguró además que el objetivo es enviar “un mensaje claro hacia el mundo” respecto de la posición argentina sobre el archipiélago y advirtió que quienes busquen obtener beneficios económicos mediante actividades que considere contrarias a su soberanía enfrentarán las sanciones previstas por la legislación nacional.
Las decisiones comunicadas ahora por SLB y Baker Hughes representan las primeras repercusiones empresariales conocidas luego de la entrada en vigencia del nuevo esquema impulsado por el Gobierno para endurecer los controles sobre las actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas.