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Cancillería dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por su presunta vinculación con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El Gobierno nacional anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas para determinar su participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.
La medida fue dispuesta por la Cancillería en el marco de la Ley 26.659 y no alcanzará únicamente a las petroleras involucradas directamente en los proyectos, sino también a sus accionistas y a compañías que les prestan servicios para desarrollar las operaciones.
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“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios”, señaló la Oficina del Presidente.
El Ejecutivo reivindicó además la soberanía argentina sobre “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes” y cuestionó el avance de la explotación de recursos naturales en la zona.
Se notificó a 180 compañías
El anuncio se produjo horas después de que el canciller Pablo Quirno revelara que unas 180 empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas ya habían sido notificadas. Según explicó, deberán optar entre mantener esas operaciones o quedar expuestas a sanciones en territorio argentino.
El alcance incluye servicios financieros, logísticos, aseguradores y energéticos. Quirno explicó que la Ley 26.659 ya establecía penalidades para las compañías que realizaran actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, pero señaló que ahora fue reglamentada para agilizar los procedimientos.
Vaca Muerta
El canciller sostuvo además que el desarrollo de Vaca Muerta puede funcionar como incentivo para que esas empresas abandonen los proyectos en las islas. “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”, afirmó.
Uno de los principales focos de la ofensiva oficial es Sea Lion, proyecto ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ambas poseen licencias concedidas por las autoridades isleñas, que Buenos Aires desconoce.
El yacimiento tendría, según estimaciones difundidas sobre el proyecto, alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo y prevé comenzar la producción en 2028. Navitas posee una participación del 65% y Rockhopper, del 35%.
Durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), en Misiones, Quirno calificó como “una amenaza” a las petroleras que pretenden explotar los recursos y defendió la respuesta del Ejecutivo.
El Reino Unido, en tanto, rechazó la posición argentina y reiteró su respaldo a los habitantes de las islas y al principio de autodeterminación. Las compañías involucradas en Sea Lion también relativizaron el alcance de las medidas y aseguraron que no tendrían efectos materiales sobre el avance del proyecto.
Desde la Casa Rosada insistieron en que la decisión representa un mensaje hacia las compañías involucradas y hacia la comunidad internacional: “La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”.
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