La baja de contratistas
En ese contexto, la petrolera británica Rockhopper Exploration debió comunicar a la Bolsa de Londres que dos contratistas desistieron de continuar participando del proyecto ante el riesgo de enfrentar consecuencias judiciales y comerciales derivadas de las sanciones argentinas.
A esta situación se suma la incertidumbre sobre la participación del astillero Seatrium, con sede en Singapur, que analiza rescindir los trabajos de actualización del Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO), considerada indispensable para el funcionamiento del emprendimiento.
El impacto también comenzó a reflejarse en los mercados financieros. De acuerdo con los datos difundidos por la Cancillería, las acciones de Rockhopper Exploration registraron una caída del 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de su socia israelí Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv.
Desde el Gobierno nacional consideran que estas dificultades constituyen una señal del alcance de las medidas adoptadas para desalentar la explotación unilateral de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
El canciller Pablo Quirno ratificó esa posición durante su participación en el encuentro Marval Legal Forecast 2027, donde advirtió sobre las consecuencias irreversibles de avanzar con la extracción de hidrocarburos en la zona en disputa.
“Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, sostuvo el funcionario, al justificar la necesidad de impedir que las compañías continúen desarrollando actividades sin el consentimiento argentino.
Quirno también aseguró que el arbitraje internacional continuará “con absoluta firmeza más allá de la resolución cautelar de Hamburgo” y advirtió a las empresas involucradas que operar en esas condiciones representa un “alto costo de negocios”.
El proyecto en el Congreso
En paralelo, el Poder Ejecutivo busca avanzar en el Congreso con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa destinada a endurecer las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades no autorizadas en el Atlántico Sur.
Sin embargo, el tratamiento legislativo sufrió un revés esta semana, cuando la Cámara de Diputados no consiguió reunir el quórum necesario para debatir la propuesta.
Pese a ese contratiempo, el Gobierno mantiene la estrategia judicial y diplomática para impedir la explotación de los recursos petroleros en Malvinas, mientras aguarda la resolución del tribunal internacional.
Por su parte, Rockhopper Exploration sostuvo que Navitas Petroleum, operadora mayoritaria del consorcio, mantiene sus planes de avanzar con Sea Lion durante 2027. La compañía buscará reemplazar a los contratistas que abandonaron el emprendimiento para reducir las consecuencias del bloqueo legal argentino y sostener el cronograma previsto.