La medida fue requerida por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación en la causa por la muerte del fiscal. La decisión judicial parte de la información enviada por el Ministerio de Defensa y tiene que ver con gente que trabajó bajó las órdenes de César Milani.
Alrededor de cien militares que cumplen funciones en el área de Inteligencia serán citados por el fiscal federal Eduardo Taiano en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La decisión judicial parte de la información enviada por el Ministerio de Defensa a la fiscalía y está relacionada con personal militar que trabajó bajo las órdenes de César Milani, quien fuera el jefe del Ejército entre 2013 y 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras que la Justicia también analiza además información sobre personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI).
De esta forma, reúne posibles pruebas que señalan Milani y espías relacionados con el gobierno de Cristina Kirhcner por sus supuestas relaciones con el deceso del fiscal, un caso aún no resuelto por la Justicia, que, según la Cámara Federal, se trató de un homicidio.
En este contexto, La Justicia pone bajo la lupa las acciones realizadas en los momentos previos a la muerte del fiscal, ocurrida el domingo 18 de enero de 2015.
El 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para dar detalles sobre su denuncia por encubrimiento de Irán, el fiscal federal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.
El 14 de enero de 2015, Nisman formuló una denuncia penal contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, parte de su gabinete y figuras cercanas, por el presunto encubrimiento de los autores que perpetraron el ataque terrorista contra la sede de la AMIA.
Concretamente, denunció la existencia de un acuerdo llevado adelante," a través tanto de canales oficiales y paralelos, por las máximas autoridades de este país y el régimen iraní, con el objetivo de garantizar la impunidad de quienes eran -y continúan siendo- los acusados de haber cometido e ideado el máximo atentado terrorista ocurrido en nuestro territorio, logrando su desvinculación del proceso llevado adelante como consecuencia de ello".
En este sentido, Nisman indicó que, si bien la maniobra comenzó su gestación en el período comprendido entre los últimos meses del año 2010 y principios de 2011, se materializó el día 27 de enero de 2013 con la celebración del Memorándum.
Así, el fiscal denunció que el mecanismo escogido creaba una "Comisión de la Verdad" que permitía en última instancia garantizar la impunidad de los acusados al deslegitimizar la investigación sobre el atentado terrorista y las autoridades que intervinieron en ella, desvirtuando la prueba producida y habilitando la posibilidad de un redireccionamiento hacia nuevos culpables.
La fiscalía sostiene que "al día de hoy, resulta evidente el vínculo existente entre la labor llevada adelante por Nisman en la investigación del atentado a la sede de la AMIA, plasmada en sus dictámenes, y su fallecimiento: una sentencia de muerte pesaba sobre su cabeza como consecuencia de la aceptación por parte de Interpol del libramiento de las circulares rojas de los acusados iraníes".
"En esta línea, pocos días más tarde de denunciar públicamente un plan tendiente a evitar el cumplimiento de estas mismas circulares y lograr la impunidad de los acusados, fue asesinado en su domicilio", concluyen los investigadores.
La denuncia por la firma del Memorandum llegará finalmente a juicio oral luego de que en diciembre último la Corte Suprema de Justicia rechazara recursos de los acusados, entre ellos la ex presidenta, y despejó el camino para el avance hacia el debate que se preparará durante 2025 para luego fijar fecha de inicio.