El bloque de La Libertad Avanza conversa con los bloques dialoguistas para destrabar la discusión. Hay diferencias sobre discapacidad, asignaciones sociales y universidades. Cuándo podría cerrarse el dictamen.
La Libertad Avanza mantendrá negociaciones intensas con los legisladores dialoguistas de la Cámara de Diputados, en busca de alcanzar acuerdos que permitan firmar el próximo miércoles 28 de octubre el dictamen del Presupuesto 2027. El objetivo del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre.
El bloque libertario intenta acelerar las conversaciones, debido a que en la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja. Por eso, entre el lunes y el martes intentará cerrar los consensos sobre los principales puntos que podrían modificarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. “Estamos avanzando bien con las negociaciones con los aliados sobre el Presupuesto y no hay motivos para demorar la firma del dictamen”, señaló un vocero oficialista.
Desde uno de los sectores dialoguistas, en tanto, señalaron que se trabaja con la intención de firmar el despacho el miércoles, aunque advirtieron que están “medio justos de tiempo” y remarcaron que los temas centrales de la discusión son discapacidad y asignaciones sociales.
El esquema de trabajo diseñado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11, aunque todavía no fue definido qué funcionario concurrirá a exponer ante los diputados. La discusión del dictamen está prevista para el miércoles a las 14.
Las conversaciones son encabezadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. En paralelo, desde el Gobierno participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los sectores dialoguistas.
La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Ejecutivo, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario. En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.
Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad. Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.
Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales solicitan, entre otras cosas, la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, que modifican aspectos centrales de la legislación vinculada con discapacidad, y plantean una recomposición de las partidas destinadas al sector.
Otro de los puntos sensibles es la decisión del Ejecutivo de eliminar la actualización automática de las Asignaciones Universal por Hijo, por Embarazo, ayudas sociales y asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación. Los bloques opositores y dialoguistas pretenden mantener el mecanismo de actualización vigente.
Las universidades nacionales constituyen otro foco de tensión. El proyecto fija para el sector una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman alrededor de $11 billones.