El Gobierno defendió su plan educativo y apuntó contra las universidades públicas

Durante el debate, Álvarez sostuvo que el Ejecutivo considera que la normativa sobre financiamiento universitario incumple la Ley de Administración Financiera y de Ejecución Presupuestaria. También señaló que la sentencia judicial que obliga al Gobierno a aplicar la ley fue recurrida y cuestionó los reclamos salariales del sector al afirmar: “Los profesores universitarios, los docentes y no docentes están muy por encima del Estado nacional, con lo cual es un privilegio”.

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La presentación se produjo pocos días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a decena de miles de personas frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento. La movilización coincidió con una jornada parlamentaria en la que estaba prevista una sesión en la Cámara de Diputados que quedó sin efecto por falta de quorum.

Por su parte, Torrendell aseguró que “La autonomía de las universidades no está en discusión, lo que exigimos son datos y transparencia”. Además, comparó los niveles de graduación entre los dos sistemas educativos y señaló que, por cada 100 estudiantes que ingresan a universidades públicas, se reciben 18,7, mientras que en las privadas la cifra asciende a 40.

En respuesta, la diputada Mariela Coletta cuestionó la mirada de Torrendell sobre los tiempos de graduación y le recordó que él tardó 15 años en completar la carrera universitaria que finalmente cursó, tras haberse inscripto previamente en Abogacía. “¿Está mal? ¿Yo tengo que poner en duda que usted no tuvo voluntad?”, planteó la legisladora, quien advirtió que las trayectorias académicas pueden verse atravesadas por el trabajo, las responsabilidades familiares y otras circunstancias personales. “¿Realmente les parece hablar del tiempo de cursada con esa insensibilidad?”, concluyó.

En materia presupuestaria, los datos de la Oficina del Congreso indican que las transferencias a las universidades nacionales alcanzarían los $7,7 billones en 2027, lo que representaría una mejora real del 3,8%. Sin embargo, la propuesta se encuentra por debajo de los recursos que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estima necesarias partidas por $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior. La diferencia entre ambas cifras constituye uno de los principales puntos de conflicto.

El eje de la discusión es la Ley N.º 27.795, aprobada y ratificada por el Congreso para garantizar el sostenimiento presupuestario, los salarios y el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país. El Poder Ejecutivo promulgó la norma en octubre de 2025 de manera condicionada y, desde entonces, mantiene una disputa judicial por su aplicación. Según los reclamos del sector universitario, el Gobierno no está cumpliendo los fallos que lo obligan a implementar las disposiciones sobre financiamiento.

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El Gobierno defendió el alcance general de su política educativa en el mensaje que acompaña al proyecto de ley y afirmó que el área representa el 5,5% del Presupuesto Nacional. Entre las partidas previstas mencionó el financiamiento de la educación superior, el Plan Nacional de Alfabetización, las becas estudiantiles, los comedores escolares, los vouchers educativos y las obras de infraestructura. También proyectó otorgar más de un millón de becas durante 2027, mientras continúa la disputa política y judicial por los fondos destinados a las universidades públicas.