El Gobierno de Javier Milei trabaja en una versión local del mecanismo estadounidense. Los detalles del proyecto y qué chances reales tiene de aprobarse en el Congreso.
Tras el brutal ajuste impuesto en lo que va de su mandato, ahora el presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley denominado shutdown, en el cual se “cierra” el gobierno y queda paralizado, a imagen y semejanza del sistema estadounidense.
Durante una entrevista en un streaming, el mandatario adelantó las reformas que impulsa aprobar en el Congreso. Una de ellas es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Pero la que más llama la atención es el shutdown de la administración pública.
“En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo en el streaming oficialista Neura.
Esta política se produce en Estados Unidos. El último se produjo a fines de 2025, siendo el número 15 desde 1981 y transformándose en el más largo de su historia.
En concreto, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para que el Estado se mantenga en funciones. En nuestro caso, ocurriría cuando el Poder Legislativo no aprobase el Presupuesto nacional.
La reforma a la Carta Orgánica y el shutdown van de la mano, dado que son dos de los proyectos en los que más hincapié hizo Milei con su armado libertario. En particular, este lunes mantuvo un encuentro con sus legisladores para brindar una “masterclass” sobre la base del proyecto del BCRA.
El término shutdown hace referencia a la interrupción parcial o total del funcionamiento de un gobierno como consecuencia de la falta de financiamiento para sostener la administración pública. En términos generales, este mecanismo se activa cuando se agotan los recursos previstos en el presupuesto y no existe una vía legal para continuar con las erogaciones del Estado.
Cuando se produce un shutdown, se suspenden actividades consideradas no esenciales, cierran parques nacionales, museos y diversas oficinas federales, mientras que otros servicios continúan operando por razones de seguridad o protección de la población. Entre ellos figuran las Fuerzas Armadas, el control aéreo, las cárceles federales y varias funciones vinculadas con la seguridad pública y la salud.
La magnitud y el alcance de este cierre dependen del marco legal de cada país. En algunos casos, el Estado puede seguir funcionando mediante mecanismos alternativos de financiamiento o prórrogas presupuestarias, mientras que en otros la falta de aprobación de los fondos obliga a paralizar buena parte de la administración hasta que se resuelva el conflicto que originó el cierre.
De acuerdo con lo expresado por Milei, la lógica que el Gobierno busca trasladar a la Argentina apunta en la misma dirección: establecer un límite estricto al gasto público de manera que, una vez agotado el presupuesto asignado, el Estado no pueda seguir erogando recursos.
Hoy, la Argentina cuenta con herramientas que evitan un escenario de paralización estatal, incluso cuando no se aprueba un nuevo presupuesto.
La legislación vigente permite prorrogar automáticamente el presupuesto del año anterior, lo que garantiza el funcionamiento del Estado y el pago de salarios, jubilaciones y servicios esenciales.
Por eso, para aplicar un esquema similar al shutdown, el Gobierno debería modificar la Ley de Administración Financiera y abrir un debate sobre su encuadre constitucional.
El caso más conocido de aplicación de este mecanismo es el de Estados Unidos, donde el gobierno federal atraviesa cierres cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de financiamiento antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal o del vencimiento de una asignación temporal de recursos. Habitualmente, el Legislativo estadounidense recurre a leyes provisorias de financiación, conocidas como “stopgap bills”, para evitar la clausura, aunque en distintas oportunidades la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso derivó en la paralización efectiva de la administración.
En esas situaciones, cientos de miles de empleados federales considerados no esenciales quedan suspendidos sin percibir salario, mientras que quienes cumplen funciones críticas —como los controladores de tráfico aéreo, el personal de seguridad fronteriza y las fuerzas armadas— continúan trabajando, aunque también sin cobrar hasta que se restablezca el financiamiento. En paralelo, otros organismos, como el Servicio Postal, siguen funcionando con normalidad por contar con financiamiento propio, mientras que la publicación de estadísticas oficiales, como los datos de empleo o de crecimiento económico, queda suspendida hasta la reapertura del gobierno.