La medida se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional y considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas.
La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en medio de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La decisión cuenta con el respaldo del Reino Unido y permitirá a las compañías que ya poseen permisos continuar con sus actividades de exploración y explotación petrolera durante ese período.
Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos.
El comunicado incluye una declaración de Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de la administración ilegítima de las islas Malvinas, responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales: “Estas extensiones brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas”, afirmó, según el texto oficial.
La funcionaria agregó: “Estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, con el fin de generar beneficios de largo plazo para las generaciones actuales y futuras de los habitantes” de las Malvinas.
Roberts tiene a su cargo las áreas relacionadas con Comercio, Industria y Recursos Minerales de la administración británica de las islas.
La medida se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional y considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas.
Uno de los principales proyectos alcanzados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago y encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Navitas posee una participación del 65% en el proyecto, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. Las compañías tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución surgió de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.