El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva y el gobierno abone la adeudado.
Tras cumplirse un mes de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar que garantiza la actualización de salarios y becas estudiantiles, las universidades piden habilitar la feria para que la Justicia dicte una sentencia definitiva por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva y el gobierno abone la adeudado.
El pedido llega tras la medida cautelar confirmada por la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos 5° y 6° de esa ley -la N° 27.795-, que refiere a la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización del monto de las becas estudiantiles.
Esos aumentos aún no se materializaron. En las casas de estudio aguardan a ver las liquidaciones del mes de julio -el fallo de la Corte se firmó a fines de junio-, donde debería verse reflejado el acatamiento de la medida cautelar.
Ahora el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en representación del CIN, presentó un escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal de feria para que se “habilite la feria a fin de avanzar en esta causa con el dictado de sentencia”.
“Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026. Todo lo contrario, el PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo”, alegó el rector de la UNR en su presentación.
Y siguió: “Esta es, sin dudas Su Señoría, la causa más importante de la Argentina en términos institucionales, todo el sistema educativo universitario depende de lo que aquí se resuelva”.
El juez Cormick le corrió vista al fiscal de feria para que dictamine si corresponde habilitar el receso de inviero para tratar este caso.
El planteo central de las universidades busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, la misma herramienta con la que el Gobierno frenó otras normativas sancionadas por el Congreso, como la Ley de Discapacidad.
Cabe recordar que el pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
La cautelar avalada por la Corte Suprema no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.