“Macri frenó por 90 días las obras para ganar tiempo y aparentando escuchar a los vecinos, pero en realidad lo que tiene que hacer es responder al oficio que le envió la jueza”, dijo a este diario Di Giano, demandante en la causa. Hoy el plazo está vencido y las obras continúan a todo vapor.
Los vecinos de esa zona del norte bonaerense libran desde hace años una intensa batalla legal para evitar que siga adelante lo que juzgan como un gigantesco negocio inmobiliario, que perjudicará la fisonomía del tradicional paseo costero.
Ya el anterior intendente, Enrique García, tuvo que lidiar con la furia de los vecinos que lo acusaron de favorecer fuertes intereses económicos a costa del espacio público.
“El proyecto no tiene límites por la gran cantidad de excepciones que se le concedieron”, cuestionó Di Giano, que explicó que “nos roban la costa para llevar adelante un emprendimiento que va a traer ruidos, hoteles de cinco estrellas y una actividad comercial que va a cambiar totalmente un lugar que era tranquilo y de acceso para todos”.
La objeción más sólida que plantean los vecinos a la iniciativa y que la jueza Fernández analiza por estos días para decidir si paraliza o no las obras, es la falta de informe de impacto ambiental obligatorio ordenado por las normas nacionales vigentes, lo que se conoce como Mega II, y que nunca fue elaborado. Los vecino ya reunieron 15.000 firmas en contra del proyecto.
Además, como el complejo inmobiliario (que incluye la edificación de un gigantesco shopping con 8 mil cocheras y torres de 30 pisos) demandará un consumo eléctrico para el que la zona no está preparada, se previó construir una subestación de electricidad a la que los vecinos se oponen porque no está habilitada según las normas urbanísticas y sería contaminante.
Por el conflicto, que ya lleva varios años, pasaron tres jueces, decenas de abogados, varios organismos nacionales (Secretaría de Obras Públicas y Vialidad Nacional) y provinciales (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), dictámenes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y también desalojos violentos de vecinos que protestaban, lo que motivó diversas denuncias policiales contra el intendente Macri.
