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La violenta muerte de la turista brasileña y los abusos en Ciudad Universitaria exponen cómo los brotes, la falta de controles y el abandono de miles de adictos generan un riesgo constante.
En la zona del AMBA crece la preocupación por la presencia de unas 50.000 personas con consumo problemático de drogas y fuertes desequilibrios mentales que circulan sin control por el espacio público. En la jerga barrial se los conoce como "fisuras", un término que describe a quienes, por el uso de sustancias combinado con trastornos psiquiátricos, quedan al borde del quiebre psicótico y pueden reaccionar de forma violenta o imprevisible.
Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, advirtió en diálogo con este medio que este fenómeno se disparó con la aplicación de la actual Ley de Salud Mental y la falta de seguimiento real.
Según su diagnóstico, "hay alrededor de 700 mil personas en todo el país con problemas psiquiátricos en las calles, y casi la mitad puede tener conductas muy peligrosas". Para el Area Metropolitana de Buenos Aires, se calculan unas 50 mil, muchas de ellas adictas al paco, el tusi, la cocaína y la marihuana, en conjunto con el alcohol y sumado a que están altamente descompensadas por falta de medicación o controles.
Los episodios violentos recientes preocupan. En Corrientes y Agüero, un hombre con evidentes trastornos atacó sin motivo a una turista brasileña de 69 años: la empujó al asfalto, la mujer golpeó la cabeza y murió dos días después en el hospital. La zona está a pocas cuadras del Centro de Salud Mental Nº 3, donde muchos pacientes se atienden de forma ambulatoria. Izaguirre señala que "reciben medicación para tomar cada ocho horas, pero en la calle consumen más o directamente dejan de tomarla, lo que dispara brotes severos".
Otro caso ocurrió en Ciudad Universitaria, donde un joven con problemas fue detenido acusado de abusar de dos estudiantes dentro del campus. Para el especialista, hechos así "son más comunes de lo que creemos" y se agravan por la falta de controles institucionales.
Izaguirre plantea que antes muchos de estos pacientes estaban internados, con medicación supervisada y acompañamiento familiar. Hoy, asegura, "se rompió la cadena de cuidados": los familiares no pueden contenerlos, los profesionales "no se ocupan" y las instituciones públicas "se lavan las manos". Sostiene que la ley no permite internaciones largas y que "al quinto día ya están otra vez en la calle".
El problema, según su análisis, no es solo sanitario: también genera un clima de inseguridad. "Estas personas agreden, confrontan, porque el goce está en el enfrentamiento", afirma. Explica que el consumo prolongado deteriora el cerebro, provoca cuadros psicóticos y, en algunos casos, lleva a situaciones de violencia extrema. También alerta sobre familias enteras afectadas: "Quienes conviven con un enfermo que escucha voces terminan mostrando rasgos psiquiátricos; por eso muchos familiares no pueden hacerse cargo".
Ante los reiterados ataques, la sociedad se pregunta cómo defenderse. Izaguirre sostiene que "cuando una persona con un brote mata a alguien, para la justicia no es un homicida: es un enfermo mental sin tratamiento". Y remarca que hay casos de pacientes que cometieron crímenes, pasaron poco tiempo encerrados y volvieron a la calle.
Para él, algunos deberían estar internados de por vida por el cuadro severo que presentan, mientras que otros pueden vivir normalmente con la medicación adecuada. El problema, dice, es que el sistema no distingue y trata todo igual.
El referente antidrogas fue tajante: "Hace rato le pido al presidente Javier Milei que derogue la Ley de Salud Mental. Ojalá su familia o algún ser querido no tenga que padecer el ataque de una persona con un brote en la vía pública".