Un juez civil dictó la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales (27.423) y el Consejo de la Magistratura lo citó para que de explicaciones, decisión que cuestionó la Asociación de Magistrados. Los letrados aseguran que la convocatoria "no cuestiona el contenido" de sus sentencias ni el "ejercicio de su actividad jurisdiccional".
Luego que dictara la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales (27.423), el juez en lo Civil Carlos Goggi fue citado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, lo cual provocó la queja de la Asociación de Magistrados y la posterior respuesta del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y otras entidades profesionales.
La Ley 27.423 regula la remuneración de abogados y procuradores, y los fallos del juez generaron tensiones porque contradicen criterios establecidos por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El caso puntual que motivó la denuncia fue la decisión en el expediente “González, Hernando Ariel c/ Riva, Ricardo Hernán s/ cumplimiento de contrato”. Esta situación derivó en una denuncia y la citación del magistrado para que brinde explicaciones ante la Comisión arriba citada, que preside por César Grau.
Desde la Asociación de Magistrados afirman que la decisión fue de "neto corte jurisdiccional".
Las entidades que representan al sector de la abogacía respaldaron la citación de Goggi por parte de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación y rechazaron la acusación de entidad que representa a los jueces.
En un comunicado conjunto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires remarcaron que la medida “no cuestiona el contenido de las sentencias del magistrado, ni el ejercicio de su actividad jurisdiccional, sino su reiterada conducta de insistir porfiadamente en la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 cuando ese criterio ha sido descartado en numerosas oportunidades por los tribunales superiores ”.
Según señalaron, al sostener esa postura de oficio se genera “un dispendio innecesario de la actividad jurisdiccional, se dilatan los procesos y se perjudica tanto a los justiciables como a los profesionales intervinientes”. Las entidades también reafirmaron su compromiso en defender el derecho de los matriculados a percibir honorarios justos, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
En esa línea, expresaron su preocupación frente a decisiones judiciales que “perforan reiteradamente los mínimos legales previstos por la normativa arancelaria”, práctica que –advirtieron– constituye un incumplimiento legal que “ lesiona gravemente la dignidad profesional, compromete la seguridad jurídica y afecta el normal desenvolvimiento de la justicia”.
El documento, que lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra (CPACF), Mariel Tschieder (FACA) y Juan Pablo Zanetta (AABA), subrayó que la abogacía defiende de manera incondicional la independencia judicial, pero aclaró que ello “no puede confundirse con la necesidad de sancionar aquellas conductas que deliberadamente entorpecen y obstaculizan la adecuada marcha de los procesos y socavan la confianza ciudadana en la administración de justicia”.