La Corte Suprema de Justicia exigió a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) precisiones sobre el programa de saneamiento de ese curso y convocó a una nueva audiencia para el 1 de junio -el plazo fijado para la primera etapa vence el 1 de julio-, en la que el organismo, junto con la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán rendir cuentas de lo hecho. Mediante un cuestionario de 75 preguntas, el máximo tribunal pidió conocer las obras de saneamiento de la zona, en concordancia con el fallo de 2008 que condena a los estados nacional, provincial y porteño a resolver la problemática del Matanza-Riachuelo. Los objetivos son conocer precisiones sobre las mediciones de calidad de aire y agua, la contaminación de origen industrial, los planes de reconversión industrial, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales, el saneamiento cloacal y la situación de los basurales a cielo abierto. También, la Corte puso especial acento fue el “estado en que se encuentra el proceso de urbanización de villas y asentamientos precarios”. También, analizará los informes presentados por las partes y realizará una inspección judicial “terrestre y aérea”, previo a la reanudación de audiencias que se llevará a cabo el 1 de junio.