Cuando hace un par de meses se conoció el nuevo convenio del Ejecutivo de Avellaneda con la empresa Edesur para el cobro en las facturas domiciliarias del porcentaje de alumbrado público que figuraba en la TSG -ex ABL-, pocas repercusiones hubo salvo las objeciones del arco opositor en el Concejo Deliberante dado que la ordenanza fue votada por 16 a 8. Para muchos, se trata de una privatización encubierta. Ahora, muchos vecinos se desayunan del acuerdo entre la gestión de Jorge Ferraresi y la empresa, lo mismo que hizo hace ocho años el ex intendente Oscar Laborde, ocasión en que el justicialismo frentista se opuso no como ahora que lo aprobó junto a sus aliados macristas que también por aquel tiempo pusieron el grito en el cielo. Al respecto, el edil Rodrigo Galetovich -UCR- sostuvo que “todos los días vienen vecinos al bloque a reclamar que les cobran hasta 20 pesos por el alumbrado, se están dando cuenta de lo que ha hecho el intendente con el único fin de recaudar, de asegurarse el pago de esa parte de la tasa. La gente que quiere que el porcentaje vuelva a las boletas municipales debe presentarse en la empresa y renunciar, pero en lo inmediato tienen que pagarlo. Nosotros nos opusimos en su momento, nos parecía una barbaridad mezclar lo público que es la luz de las calles con lo privado, y encima molestar a los vecinos. Esta es una privatización encubierta”.
Hace ocho años
En 2002, el entonces Defensor del Pueblo de Avellaneda, Tomás Dadic, fue el primero en denunciar el convenio y convocó a las instituciones locales a oponerse a la medida. El bloque de ediles peronistas -varios están cerca del actual intendente- también expresó su absoluto rechazo y promovió la sanción de la ordenanza 16.205 que dejó sin efecto el convenio firmado por Laborde. Este, mantuvo su decisión y fue denunciado penalmente por el entonces subsecretario de Salud provincial, Oscar Fariña, por la supuesta comisión del delito de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
