Di Bella explicó que "a través de esas intimaciones les estamos exigiendo a estos deudores que asuman su responsabilidad y paguen lo que deben", y sostuvo: "Si no reaccionan, recurriremos a la Justicia para garantizar el cobro". Una vez que sean notificados, los morosos tendrán 10 días para cancelar las deudas reclamadas y, de esta manera, evitarán medidas judiciales.
El funcionario subrayó que "las acciones apuntan a avanzar contra los incumplidores, para recuperar impuestos adeudados y combatir maniobras de evasión".
Las tareas tendrán como eje a unas 300 empresas y comercios en los que se efectuarán diversos tipos de controles para verificar la inscripción, declaraciones juradas y operatorias vinculadas al impuesto. Los fiscalizadores por el entrecruzamiento de datos, llevarán adelante un rápido análisis fiscal de cada uno de los establecimientos comerciales, e intimarán a los empresarios que se encuentren en condiciones de irregula
