En el marco de las investigaciones sobre la concreción del programa “Sueños compartidos”, implementado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, los intendentes Darío Giustozzi (Almirante Brown) y Alejandro Granados (Ezeiza) fueron citados por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a otros jefes comunales -tanto del oficialismo como de la oposición- donde se concretó este proyecto. Sin embargo, ninguno de los dos asistiría al encuentro fijado para el miércoles próximo, por lo menos, hasta que algunos funcionarios de la oposición presten declaración. La intención de los legisladores es contrastar las declaraciones que el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, hizo cuando compareció ante esa comisión. En aquella oportunidad había asegurado que los responsables del control del programa era de las provincias y de los municipios donde se realizaban estas construcciones. Asimismo, pretenderán conocer de boca de los principales protagonistas si es cierto que gobernadores e intendentes eran obligados por el gobierno nacional a contratar a la Fundación que conduce Hebe de Bonafini para construir viviendas sociales en sus distritos.
¿Sobreprecios?
El pago de sobreprecios es otra de las cuestiones que se investiga. De acuerdo a un informe del Instituto Provincial de la Vivienda, existen diferencias de hasta un 70 por ciento en el valor de los metros cuadrados que gestionaba Schoklender. Así, por ejemplo, por cada una de las viviendas que se edificaron en Ministro Rivadavia, la fundación recibió 153.992 pesos, lo que significó que el costo por metro cuadrado fue de 2.100 pesos; contra los 1.674 pesos que se gastaron en La Matanza. Otras de las diferencias a estudiar es que, las Madres habían recibido más de 120 millones de pesos para construir 748 casas en Tigre y Almirante Brown, mientras que otros proyectos habitacionales en la provincia obtenía casi 365 millones de pesos para levantar 3.846 casas.