Cabe recordar que en 2014, y con motivo de la declaración de emergencia en materia de seguridad, la Comisión Provincial por la Memoria había alertado que esta decisión "significaba de hecho la consolidación de las medidas que habían llevado al peor colapso del sistema penal en términos de vulneración de los derechos humanos de los últimos 15 años". En este contexto se presentaron una serie de informes a los distintos poderes del estado provincial, a organismos internacionales y se realizó un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
En los fundamentos de su resolución, la CIDH hace propia la exhaustiva información que la CPM brindó durante el año y medio que duró el trámite. Así, y ante la endeble respuesta por parte del Estado, la CIDH da cuenta de la sobrepoblación del 382 % en las dependencias policiales de Lomas de Zamora y del 13.800 % en las comisarías de La Matanza.
"Si bien los datos corresponden a seis comisarías de los partidos bonaerenses, la emergencia humanitaria se extiende a todos los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires", aseguran desde la CPM.
Corte ordenó clausura de calabozos
Cabe señalar también que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta por un fallo de la Corte Suprema de Justicia con motivo de las inhumanas condiciones de detención. Sin embargo, la decisión de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, llevó a un aumento sostenido de la cantidad de personas detenidas. En la actualidad, hay 39.927 detenidos, lo que constituye la cifra de prisionización más alta de toda la historia, según informa la CPM.
En diciembre pasado, la Corte de Justicia bonaerense, mediante la Resolución Nº 2840 reconoció el colapso el sistema penal en los términos en que fue denunciado por la CPM e indicó a los jueces que controlen y eviten detener personas en las comisarías. El reciente fallo de la CIDH también menciona esta resolución de la Corte bonaerense.
"Desde la CPM, y en consonancia con el reclamo de la CIDH, se vuelve a remarcar la necesidad de encarar reformas estructurales urgentes que pongan fin a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, reconoce a la resolución del organismo internacional como un importante aporte para fortalecer un debate que lleva muchos años y aún espera soluciones de fondo", señaló su presidente Adolfo Pérez Esquivel.
