Además, eran despojadas de sus documentos y vivían permanentemente amenazadas, con libertad ambulatoria restringida. Una de las víctimas escapó de la casa donde eran sometidas y pudo realizar la denuncia telefónica a través de la línea 145, de la "Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata", del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El juez Federal en lo criminal y correccional de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, comenzó la investigación y dispuso el allanamiento en la finca de la calle Caseros en la localidad de Ezeiza, donde funcionaba la organización y donde se encontraban las personas capturadas.