La industria busca convertir las restricciones actuales en una ley permanente, pero un senador frenó el proyecto por la participación de capitales chinos en Mercedes-Benz.
La Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a las principales automotrices con operaciones en Estados Unidos, pidió al Congreso aprobar una prohibición permanente para vender, importar y fabricar vehículos conectados chinos, así como sus componentes de software y hardware
El pedido quedó condicionado por las negociaciones en el Senado, donde el republicano Rand Paul frenó el avance de un proyecto que establece restricciones a las empresas con más del 15% de capital chino. El senador advirtió que la iniciativa también afectaría a Mercedes-Benz, cuyos inversores chinos controlan cerca del 20% de la compañía alemana.
El 3 de septiembre de 2026, el presidente y director ejecutivo de la Alianza, John Bozzella, envió una carta a las autoridades de ambas cámaras. El documento estuvo dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al líder de la mayoría del Senado, John Thune; y a los referentes de la minoría, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer.
En la carta, Bozzella sostuvo que las automotrices chinas comercializan en distintos mercados vehículos subsidiados que incorporan software y hardware conectados. También advirtió que esos sistemas pueden recopilar y transmitir información sensible de los conductores al Partido Comunista Chino, aunque afirmó que esa situación todavía no ocurrió dentro de Estados Unidos. Los vehículos conectados mantienen un enlace permanente con internet para funciones como navegación, diagnóstico remoto y actualizaciones de software.
La iniciativa mencionada por la asociación es la Ley de Seguridad de Vehículos Conectados de 2026, aprobada en julio por el Comité de Comercio del Senado. El proyecto, impulsado por los senadores Bernie Moreno, republicano por Ohio, y Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, prohíbe la venta en Estados Unidos de vehículos de empresas con más del 15% de capital chino. En la Cámara de Representantes se presentó una propuesta similar, impulsada por John Moolenaar y Debbie Dingell.
Sin embargo, el 30 de septiembre, según informó la agencia AP, las negociaciones en el Senado se interrumpieron y la votación quedó postergada para después de las elecciones legislativas de noviembre. Rand Paul fue el único senador que se opuso al avance del texto por considerar que el límite de participación accionaria perjudicaría a Mercedes-Benz. La automotriz alemana tiene entre sus inversores a BAIC, con el 9,98%, y a Li Shufu, fundador de Geely, con el 9,69%, según Quartz.
El senador Moreno aseguró que no habrá una ley que "prohíba Mercedes-Benz" en Estados Unidos. Paul, por su parte, señaló a CNBC que respaldaría el proyecto si se excluyera a la compañía alemana. La discusión dejó en suspenso una iniciativa que, según Slotkin, cuenta con un respaldo muy amplio en el Senado, cercano a "99 a 1".
Actualmente, los vehículos chinos pagan un arancel del 100% para ingresar a Estados Unidos, según Motor1. Además, una regulación del Departamento de Comercio, aprobada en enero de 2025, prohíbe el uso de software chino y ruso en vehículos conectados a partir del año modelo 2027, mientras que la restricción para el hardware comenzará con los modelos de 2030. La nueva ley convertiría esas limitaciones en una norma aprobada por el Congreso, con mayor estabilidad frente a posibles cambios de gobierno.
La Alianza sostiene que busca establecer una política permanente y equilibrada que permita a sus integrantes continuar operando en el mercado estadounidense. El avance de fabricantes chinos como BYD y Geely en Europa, América Central y Sudamérica forma parte del escenario que preocupa a la industria. Además, un acuerdo comercial firmado en enero entre Canadá y China permitirá a Geely vender decenas de miles de vehículos eléctricos por año en el mercado canadiense, según CBS News.
El Congreso todavía podría tratar el proyecto después de las elecciones de noviembre, durante la llamada sesión de transición, cuando los legisladores que dejaron sus bancas o no fueron reelectos continúan en funciones hasta enero. Los impulsores anticiparon que insistirán con la iniciativa, que deberá obtener la aprobación de la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente Donald Trump. La Alianza fijó el 3 de enero como fecha límite para convertir el pedido en ley.