En los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tres de cada diez pacientes tienen obra social o prepaga. En la provincia de Buenos Aires, ya superan la mitad. Por Pablo Domian
Mientras crece la polémita por la decisión del presidenyte Javier Milei reglamentó el cobro de atención médica a extranjeros no residentes en los hospitales que dependen de la Nación, una medida que ya rige desde hace más de un año en la Ciudad y en varias provincias, otro número, mucho más grande, pasa casi inadvertido.
Cuando a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, le preguntan por el impacto real de los extranjeros no residentes en los hospitales porteños, la respuesta es casi una desviación del eje: "Nuestro gran tema no está en los extranjeros, sino en las coberturas médicas". Según precisó, entre el 30% y el 35% de los pacientes atendidos en el sistema público de la Ciudad cuentan con algún tipo de cobertura médica, ya sea obra social o prepaga, y aun así eligen atenderse en un hospital público. El Estado porteño les factura esas prestaciones a las entidades correspondientes, y ese recupero mueve, según el propio funcionario, unos 20.000 millones de pesos por mes.
El dato no es una curiosidad aislada de la Ciudad. Es la punta de un fenómeno que atraviesa buena parte del sistema de salud argentino y que, en otras jurisdicciones, alcanza una magnitud todavía mayor.
El caso más elocuente es el de la provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que el 53% de las camas de los hospitales públicos provinciales está ocupado por pacientes con obra social o prepaga, un salto frente al 40% que, según su lectura, existía antes del inicio de la actual gestión nacional. Kreplak vinculó el crecimiento con el deterioro de la seguridad social y el encarecimiento de las prepagas, y lo resumió con una frase contundente: la crisis del sistema público, según su diagnóstico, es que terminó haciéndose cargo de todo lo que el resto del sistema fue abandonando. La comparación entre ambos distritos, 30-35% en la Ciudad contra 53% en territorio bonaerense, muestra que la intensidad del fenómeno varía según el territorio, aunque la dirección es la misma en todos los casos relevados.
Lo que hoy describen Quirós y Kreplak tiene raíces que se remontan a mediados de los años noventa, cuando la reforma de las obras sociales impulsada durante el gobierno de Carlos Menem permitió que cada trabajador pudiera derivar su aporte a la entidad de su elección, en lugar de quedar atado a la obra social de su rubro. Aquella "libre elección", pensada para introducir competencia en un sistema hasta entonces cerrado, terminó fragmentando la lógica solidaria de la seguridad social: a partir de 2000, el esquema se profundizó cuando los aportes obligatorios empezaron a poder usarse directamente para pagar cuotas de medicina prepaga.
Con los años, ese proceso derivó en un sistema de salud dividido en tres circuitos, el público, las obras sociales y las prepagas, que compiten entre sí en lugar de complementarse, y en el que la cobertura de cada persona terminó dependiendo, cada vez más, de lo que puede pagar. Las crisis económicas sucesivas fueron empujando a un número creciente de argentinos desde el circuito privado hacia el público, un movimiento que en los últimos años se aceleró de manera notoria: según relevamientos recientes, el 35,6% de la población depende hoy en forma exclusiva del sistema público de salud, tras la pérdida de más de un millón de afiliados a obras sociales. El sector de la medicina prepaga, mientras tanto, cubre a apenas entre el 13% y el 15% de la población, concentrado en un puñado de empresas: seis compañías reúnen al 70% de los afiliados privados del país.
Lo que Quirós describe en la Ciudad, gente con cobertura que "decide" atenderse en el sistema público, tiene, según especialistas y relevamientos periodísticos recientes, una explicación menos vinculada a la elección y más a la necesidad económica. Cuando una persona no puede sostener el costo de su prepaga o ve licuado el valor de su obra social, no deja de necesitar atención médica: esa demanda se traslada al sistema público, que ya opera bajo presión.
Uno de los sectores más afectados es el de los jubilados, que tras aportar durante décadas a una obra social descubren, en el momento de mayor necesidad médica, que sostener la cobertura se volvió económicamente inviable.
Desde el propio sector de la salud privada reconocen el fenómeno, aunque lo explican con matices distintos. Hugo Magonza, titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que agrupa a obras sociales, prepagas, sanatorios y otros prestadores privados, y que asegura representar al 70% de los pacientes del país, advirtió sobre un "éxodo" de afiliados de las prepagas hacia las obras sociales y los hospitales públicos.
Magonza describió una dinámica que calificó como "inédita: personas con patologías que dejan de pagar la prepaga y vuelven a la obra social o directamente al hospital público, en un proceso que, según su advertencia, amenaza con colapsar el sistema a mediano plazo".
El caso de la provincia de Neuquén muestra la magnitud que puede alcanzar el fenómeno cuando se combina con otro factor: el 62% de quienes hoy se atienden en el sistema público local tienen obra social o prepaga, según reconoció el propio ministro de Salud provincial, Martín Regueiro.
A esa proporción se suma un dato adicional: de los cerca de 69.000 afiliados de PAMI en la región, alrededor de 44.000, casi dos de cada tres, eligen atenderse en hospitales y centros de salud provinciales antes que en prestadores privados. Regueiro describió el fenómeno como un "efecto pinza": por un lado, el aumento de las cuotas de las prepagas y las dificultades financieras de las obras sociales; por otro, la escasez de prestadores privados en el interior neuquino. El correlato económico es elocuente: el recupero financiero que cobra a obras sociales y prepagas por esas prestaciones pasó de 17.000 millones de pesos en 2024 a 45.700 millones en 2025.
El planteo de Quirós pone en primer plano una discusión que hasta ahora tuvo menos exposición pública que la del cobro a extranjeros no residentes, aunque los datos disponibles, los de Kreplak en territorio bonaerense, los de Regueiro en Neuquén, el propio reconocimiento del sector privado, van en la misma dirección que su diagnóstico.
La pregunta que queda abierta no es tanto si ese diagnóstico es correcto, sino qué hacer con él: cómo sostener un sistema público que absorbe una porción creciente de pacientes que en teoría deberían estar cubiertos por otro circuito, sin que esa carga termine recayendo sobre la calidad de atención de quienes no tienen ninguna otra alternativa.
En ese sentido, la Ciudad ya avanzó con un esquema de facturación y recupero que convierte parte de ese desafío en una fuente de financiamiento genuina para el propio sistema: durante 2025, CABA recaudó más de 110.000 millones de pesos a través de la facturación a coberturas médicas y extranjeros, fondos que, según el Gobierno porteño, se reinvirtieron en 151 obras de infraestructura hospitalaria, entre ellas la remodelación del Hospital Fernández. Neuquén y la provincia de Buenos Aires muestran un camino similar, con sus propios sistemas de recupero financiero destinados a sostener la inversión hospitalaria.
El desafío de fondo, sin embargo, excede a cualquier esquema de facturación puntual: mientras la seguridad social y la medicina prepaga sigan perdiendo afiliados, la presión sobre los hospitales públicos, y sobre quienes dependen exclusivamente de ellos, seguirá creciendo.