La iniciativa contempla simplificar los coeficientes zonales, modificar cargos específicos y aplicar un mecanismo gradual para amortiguar el impacto en los hogares afectados.
El ERAS convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre, donde se analizará la propuesta presentada por AySA para modificar los coeficientes zonales y actualizar el régimen tarifario del servicio de agua y cloacas.
La convocatoria quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 41/2026 publicada en el Boletín Oficial. El encuentro comenzará a las 10 y se realizará de manera virtual, con transmisión en vivo a través del sitio web del organismo regulador.
El planteo llega mientras avanza el proceso de privatización de la empresa, con dos consorcios en carrera por la concesión. En ese contexto, la compañía busca reformular un sistema que mantiene su estructura básica desde hace más de cuatro décadas.
Uno de los principales cambios consiste en reducir de 11 a 5 los coeficientes zonales para los usuarios del régimen no medido. Los valores actuales van de 1,10 a 3,50, mientras que la propuesta establece una nueva escala que oscilaría entre 0,75 y 2,75.
El esquema también contempla modificar el valor del metro cúbico para los desagües cloacales en el antiguo radio porteño, incluyendo el cobro correspondiente a la prestación de desagües pluviales. Además, se incorporarían tratamientos tarifarios diferenciados para asentamientos informales y barrios cerrados.
Según las proyecciones elaboradas por AySA con valores tarifarios de septiembre, el 20% de los usuarios residenciales tendría una baja promedio del 14,7% en su factura mensual sin impuestos. Otro 20% no tendría modificaciones, mientras que el 60% afrontaría incrementos, con una suba media del 22,6%.
En términos generales, la factura residencial promedio pasaría de $27.156 a $30.250 sin impuestos, lo que representa un aumento ponderado del 11,4% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Para moderar el impacto inicial, la compañía propone aplicar un tope acumulativo del 5% mensual a los aumentos vinculados con los cargos zonales. A su vez, quienes dejen de integrar las zonas bajas perderían de manera progresiva el subsidio adicional del 15%, en tres etapas de igual proporción.
Para comercios, industrias e instituciones, la propuesta proyecta una baja promedio del 2,2%, con una factura media que pasaría de $137.807 a $134.812. El 63% no tendría cambios, el 22% recibiría reducciones y el 15% afrontaría aumentos.
En cuanto a los terrenos baldíos, el incremento promedio estimado es del 7,6%, con una factura mensual que subiría de $17.822 a $19.172. El 58% mantendría el mismo monto, mientras que el 37% tendría aumentos y el 5% restante registraría reducciones.
De acuerdo con la empresa, el conjunto de modificaciones permitiría elevar los ingresos un 7,3%, equivalente a $140.057 millones calculados a tarifas de septiembre. AySA sostiene que, según las condiciones del contrato de concesión, ese excedente sería destinado en su totalidad al programa de tarifa social.
El objetivo declarado es ampliar la cantidad de beneficiarios y extender la cobertura a Barrios Populares, bajo el argumento de garantizar “la equidad distributiva” y preservar el equilibrio económico-financiero del contrato.