Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se destaca que la mayoría tiene que ver con locatarios que no pudieron tomar posesión del nuevo inmueble por las restricciones sanitarias

Las consultas, denuncias y pedidos de auxilio de los inquilinos se quintuplicaron desde la declaración de la cuarentena, informó este viernes la Defensoría del Pueblo porteña, que especificó que el 60% de los llamados es de locatarios con contratos nuevos que no pudieron mudarse y son presionados por el nuevo locador con amenazas si no pagan el alquiler.

Según un informe del organismo, desde el 30 de marzo en el Programa de Atención a Inquilinos, las consultas, denuncias y pedidos de auxilio de inquilinos e inquilinas de todo el país se quintuplicaron.

"Si bien la demanda dominante tuvo que ver con la finalización de contratos a fin de marzo y contratos firmados sin poder tomar posesión del nuevo inmueble, es notable la cantidad de casos con dificultades económicas, las amenazas de desalojo, o las extorsiones económicas para cumplir con la bancarización de los pagos", señaló la Defensoría en un informe.

El organismo precisó que desde que se publicó el decreto presidencial que prorroga contratos de alquiler, suspende los desalojos, congela alquileres y bancariza los pagos, la Defensoría del Pueblo recibió más de 1.000 consultas inquilinas.

La amplia mayoría de las consultas tienen que ver con inquilinos que no pudieron tomar posesión del nuevo inmueble que alquilaron por las restricciones a las que obliga la cuarentena y que configuran la típica por razón de fuerza mayor (aislamiento obligatorio).

"’Son inquilinos que tienen la presión para pagar dos alquileres, y desconocen que la emergencia sanitaria es suficiente razón para ser eximidos del pago mientras no hagan uso de la nueva locación", indicó el informe de la Defensoría.

Los detalles

En diálogo con este diario, Fernando Muñoz, responsable del Programa de Atención a Inquilinos, señaló que "el decreto de cuarentena en el artículo 2 dice que tenemos que quedarnos en el lugar donde estábamos residiendo a las 0 horas del 20 de marzo y, por lo tanto, los que habían firmado para abril prorrogan de manera automática el contrato anterior".

"La presión es del nuevo locador o la inmobiliaria, que exigen el pago porque eso es lo que figura en el nuevo contrato sin tener en cuenta que el Código Civil y Comercial habla de causas de fuerza mayor -como es una pandemia- como eximente de las obligaciones de los contratos", afirmó Muñoz.

Muñoz recomendó en estos casos notificar al locador o inmobiliaria con la cual ha firmado el nuevo contrato que por razón de fuerza mayor (art. 1203 del Código CyC), frustración de uso, pide la cesación de la obligación de pago hasta que pueda tomar posesión del inmueble, cuando se levante la restricción por la cuarentena o se autoricen las mudanzas.

Luego cuando se toma posesión, se tiene que rectificar la fecha de inicio del contrato (se agrega un texto firmado por ambas partes en donde se explican las razones del cambio de fecha de inicio, a partir del cual se empiezan a contar los 24 meses de vigencia del contrato. Muñoz explicó que incluso no es necesaria la carta documento para notificar al locador, para lo que basta un whatsapp o un e-mail.

Por otra parte, el informe consignó que el 18% de las consultas es por no poder seguir pagando el alquiler (terminar el contrato y reubicarse en casa de familiares), o porque se acumulan deudas al no tener ingresos, o porque están siendo perjudicados por aumentos ilegales que no respetan el congelamiento.

Otro 9% es por haber sufrido amenaza de desalojo, demora en el pago del alquiler por falta de ingresos, o exigencias de pago mayor de parte del propietario, con excusas para intentar desconocer la suspensión de desalojos.

En tanto, un 6% de las consultas están relacionadas a la negativa de bancarizar el pago -o pedir comisión extra para efectivizarlo- quedarse con reserva o seña de alquileres que por razones de fuerza mayor no se van a concretar, o cobrar comisión inmobiliaria para renovar contratos que deberían prorrogarse por 180 días.

Y otro 6% tiene que ver con la exigencia de renovar el contrato de locación, desconociendo la obligación de prorrogar por 6 meses la relación de alquiler. De esta manera se libera el precio de la nueva locación y se aplica muchas veces comisiones ilegales.

"No hay dudas de que sin decreto presidencial, la violación del derecho a la vivienda hubiese sido una catástrofe social", señaló la Defensoría, que advirtió que "la libertad del mercado inmobiliario había elevado la curva de gasto de bolsillo inquilino, hasta llegar al 50% de los ingresos salariales".

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