Con las autoridades destituidas acusadas por la Fiscalía general de los delitos de rebelión, sedición y malversación, Madrid asumió el mando de la región hasta que las elecciones de diciembre designen autoridades.

E l gobierno español que encabeza Mariano Rajoy tomó ayer el control efectivo de las instituciones de Cataluña sin apenas encontrar resistencia por parte de las autoridades destituidas, quienes fueron acusadas por la Fiscalía general de los delitos de rebelión, sedición y malversación, tras la intervención del viernes último de la norteña región para abortar el proceso de secesión.

En medio de una gran expectativa y tensión ante la incógnita en torno a los pasos que darían los dirigentes independentistas que fueron cesados luego de que anunciaran que resistirían a la intervención, el ya ex presidente catalán Carles Puigdemont sorprendió a todo el mundo con un viaje a Bruselas, donde él y otros cinco ex miembros de su gobierno estarían estudiando pedir asilo político.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explicó ayer en una entrevista de televisión que los funcionarios del gobierno catalán cesados podrán entrar en sus despachos a recoger sus pertenencias acompañados por agentes de los Mossos d’ Escuadra (policía catalana).

En caso de que alguno optara por permanecer y resistir en sus puestos de trabajo, la policía tiene orden de levantar un acta y trasladar la información a la Fiscalía, indicó.

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, aceptó la disolución del Parlamento, al respetar la desconvocatoria de una reunión ordinaria de la cámara para hoy.

Forcadell acudió ayer por la mañana a la sede del Parlamento catalán, tal como lo reflejó en su cuenta de la red social Twitter, en la que posteó un video de su llegada a la Cámara con un mensaje: “Continuamos trabajando”.

Es que el reglamento del Parlamento catalán indica que Forcadell continúa siendo la presidenta hasta la celebración de las elecciones y podría convocar reuniones, pero ya no de la Mesa ordinaria, sino de la Mesa de la Diputación Permanente, que “vela por los poderes de la cámara” cuando se ha disuelto el Parlamento.

La Mesa de la Diputación Permanente funciona como un pleno reducido compuesto por 23 diputados de los 135 que integran la Cámara.

Además de cesar a las autoridades del gobierno secesionista, el Ejecutivo disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el próximo 21 de diciembre, una cita sobre la que existían dudas sobre si participarían los secesionistas.

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