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Las distintas entidades que los nuclean sostienen que la realización de las mismas no sirven para levantar los fallos dispuestos por la Justicia para ponerles freno a los ajustes tarifarios.
Consumidores criticaron al Gobierno por entender que convocó una audiencia pública "para la tribuna", mientras consideraron que su realización "no sirve ni alcanza" para levantar los fallos judiciales que impiden los ajustes de tarifas.
La presidenta del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, cuestionó con dureza a la administración macrista por convocar a audiencias públicas "para la tribuna" sobre los ajustes de tarifas.
"Serán audiencias para la tribuna, van a ser un lío y más show que otra cosa", consideró, tras la decisión oficial de convocar a audiencias públicas "participativas" sobre los costos de producción del gas y la electricidad, con el objetivo de ofrecer los argumentos de un ajuste en los servicios públicos.
"El problema del Gobierno fue que no cumplió con las audiencias públicas y anunciaron mal los aumentos tarifarios, pensando que todos íbamos a pagarlos con una sonrisa", se quejó la directiva, en declaraciones radiales.
Remarcó: "Tienen que pensar en los que menos tienen y no pueden pagar las tarifas y explicar por qué motivo es el aumento que se debe dar. Eso es imperioso y necesario".
Andrada consideró, además, "válido que la Casa Rosada lleve adelante las audiencias públicas para tener datos, pero nos estamos preguntando por qué ahora trasladan la audiencia a octubre".
A su vez, señaló: "Queremos saber por qué recibimos una mala calidad del servicio y por qué las distribuidoras no hicieron las inversiones correspondientes".
Por su parte, el referente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, consideró que sólo con las audiencias públicas "no alcanza" para levantar los fallos judiciales que impiden los ajustes de tarifas.
Por ese motivo, reclamó discutir los incrementos "con toda la información sobre la mesa".
"Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real y ver qué pasa en cada una de las ciudades. La realidad es distinta en cada una de las provincias", sostuvo el dirigente.
En declaraciones a radio La Red, Procelli señaló que "más allá de que la audiencia es una exigencia formal de la ley, hay que empezar a discutir cuáles son los componentes de la tarifa social de la luz y del gas".
En tanto el representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, advirtió: "No sirve la audiencia de la que habló el ministro de Energía, Juan José Aranguren".
"Si no se le da participación a los usuarios, no está en línea con lo que establece la Constitución", enfatizó.
Creen que será una pérdida de tiempo
Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), dijo que "hay que ver cómo sale la resolución" de la convocatoria.
"Por los trascendidos, con el cambio del nombre, esto de audiencia informativa, me parece que no va a cumplir los requisitos. Vamos a perder tiempo. Va a haber impugnaciones. Va a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20, 30 días más", pronosticó.
"Acá hay que ponerse serios, responsables. Si las cosas salieron mal hay que cumplir con la norma de una vez, si no vamos a estar dando vuelta todo el año con esto", indicó.
Dijo que las audiencias previas a un aumento tarifario están fijadas en el marco regulatorio de la prestación de servicios y que no son vinculantes. "Pareciera que estamos adelante de un cuco. No es este Gobierno, el anterior tampoco las respetaba", comentó.
"No creamos que no hubo aumento de tarifas. En el gas lo hubo. No todo el país vive la misma situación. No es lo mismo que las tarifas en Capital aumenten 600% a aquellas personas que pagaban $40 pesos, o que aumenten lo mismo en Córdoba, para los usuarios que pagaban $300", ejemplificó.
Riopedre consideró que "si no hacemos una cuestión tarifaria en serio vamos a estar cuatro años con esto".
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Analizan presentar un amparo por la suba en el agua
Consumidores analizan presentar un amparo ante la Justicia para poner un freno en el aumento del servicio de agua, tal como sucedió con el gas y la electricidad. "Estamos estudiando la racionalidad de los cuadros tarifarios", indicó el representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, quien adelantó que se encuentra "trabajando" en la presentación del recurso para poner un freno en la tarifa del agua. La suba en las tarifas viene causando fuertes protestas de los usuarios, en especial de los consorcios, ya que provocaron fuertes alzas muy fuertes en el costo de las expensas. Según Polino, para aplicar un incremento en ese servicio, "se debería haber convocado a una audiencia pública, al igual que debería haber sucedido con el gas y en la luz". "En los tres casos existe el mismo defecto", criticó Polino, al analizar los aumentos dispuestos por el Gobierno. Indicó que "la suba de agua salió en últimos términos", hecho por el cual los consumidores no presentaron hasta el momento un amparo. "Además, la empresa AySA no corta el suministro por falta de pago, como sí sucede con los otros servicios", sostuvo.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se pronunció a favor de "poner un freno a los tarifazos", al avalar la sesión que impulsan para hoy los diputados de la oposición en el Congreso de la Nación, en contra del incremento dispuesto para la electricidad y el gas que enfrenta varios escollos en la Justicia.
La asamblea que nuclea a pequeños y medianos empresarios, que participó el sábado pasado de la Audiencia Publica Autoconvocada contra el tarifazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que los perjuicios de "la errática e inequitativa política tarifaria" no alcanzan solamente a familias, clubes y negocios, sino que también deteriora a las PYMES que "no saben cómo afrontarán sus costos en un contexto de retracción del mercado interno y de la actividad productiva".
Este conjunto de empresas, que provee el 80% del empleo en el país, solicitó que "se revierta la fijación de tarifas desmesuradas, exageradas e injustas".