El presidente de Colombia, Iván Duque, dispuso la asistencia militar en 8 departamentos. En Cali hubo al menos 6 muertos y el mandatario fue repudiado.

Un día después de una nueva jornada de violencia, protestas y muertos en Colombia, el presidente Iván Duque dispuso la “asistencia militar” en 8 de los 32 departamentos del país, mientras que los sectores que convocan a las manifestaciones defendieron el recurso del bloqueos, dos decisiones que dificultan aún más el diálogo que debería retomarse mañana.

Duque, que este viernes había anunciado “el máximo despliegue de asistencia militar” a la Policía Nacional para la ciudad de Cali, hizo extensiva ahora esa medida a 8 de los 32 departamentos del país y otras 12 ciudades, lo que representa una militarización de hecho de esas regiones, porque se triplica la presencia de uniformados.

La decisión siguió a la jornada de movilizaciones declarada por el primer mes del paro inicial que sacudió al país entero, que terminó con escenas de violencia en varias ciudades con ataques a alcaldías, sedes bancarias y comercios, represión policial a algunas columnas e incendios a cabinas de peaje y colectivos de transporte urbano, y tiroteos entre civiles.

En medio del rebrote de violencia, aún no está claro si fallecieron 6 personas o 10, como informó el Gobierno de Cali, pero sin precisar cómo sucedieron todas las muertes y su vínculo con los ataques, represión e incidentes.

Pero de todas maneras, este escenario y la militarización decretada por Duque marcarán el diálogo que mañana deben retomar el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP).

En principio, ambas partes estaban cerca de destrabar las garantías para las protestas pacificas, lo que permitiría después, sí, debatir el pliego de demandas concretas que tiene el Comité, pero las decisiones y las muertes de las últimas horas permiten especular con un retroceso en las gestiones.

Pese que el Comité exigía la desmilitarización de las calles, Duque firmó el decreto 575 que dispone la “asistencia militar” para los departamentos de Valle del Cauca –donde se encuentra Cali-, Nariño, Cauca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y par a estas 13 ciudades: Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira (Valle del Cauca); Pasto e Ipiales (Nariño); Popayán (Cauca); Bucaramanga (Santander); Pereira (Risaralda); Madrid y Facatativá (Cundinamarca) y Neiva (Huila).

La “asistencia militar” es, según la ley, "el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar".

El mismo Duque explicó que la decisión implica triplicar el número de uniformados en cada región y el decreto ordena "superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia", autoriza el levantamiento de los bloqueos y cortes, y deja a los jefes de Gobierno locales el eventual dictado de toques de queda.

Embed

Además del decreto, Duque se mostró activo ante el rebrote de la violencia extrema: fue anoche a Cali y esta tarde se trasladó a Popayán, otra de las urbes que vivieron una fuerte represión y graves enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.

Mientras en Cali se registraron este viernes 6 muertes vinculadas a las protestas –un funcionario habló de 10, pero hay 4 en investigación-, en Popayán fue incendiada parte de la alcaldía.

Con este trasfondo, Duque no solo anunció la militarización, sino que además prometió que se acelerarán “todas las órdenes de captura por estos hechos” e insistió en que procurará “la protección de los corredores y el desbloqueo como principio, como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos”.

En una clara respuesta a esta decisión, el CNP emitió un comunicado en el que reiteró su defensa de los bloqueos y los cortes de calles, rutas y autopistas como “parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas".

“Hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. El Comité defiende el derecho a la protesta pacífica, derecho que incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico de hacerla”, señaló un documento de la plataforma multisectorial.

Con todo, el CNP también condenó “todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la fuerza pública, como los que realizan los particulares” y rechazó especialmente “la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social”.

El Gobierno suele decir que existen “actos vandálicos organizados por grupos” que en algún caso vinculó a la guerrilla, aunque nunca presentó pruebas ni brindó precisiones.

Además, ahora decidió responder a los cuestionamientos internacionales por la represión policial, con una defensa extra: envió una carta a ocho organizaciones para reclamar que se analicen también las violaciones a los derechos humanos que sufren las fuerzas de seguridad.

En una carta firmada por el ministro de Defensa, Diego Molano, se pidió "un llamado a la valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de la fuerza pública".

Embed

El texto fue dirigido a las representantes de la ONU y la OEA sobre DDHH, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, a la CIDH, la Cruz Roja, a Human Rights Watch (HRW) y a Amnistía Internacional, entre otras.

Sin embargo, el titular de HRW, José Miguel Vivanco, cuestionó el decreto de Duque porque, consideró, tiene un "un peligroso vacío" ya que las órdenes "no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los derechos humanos", lo que "puede tener consecuencias irreparables".

Mientras tanto, siguen creciendo los pedidos para que se autorice una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta vez fue la Defensoría del Pueblo y la ONG Temblores –clave en la recopilación de denuncias- las que lo reclamaron. Esta última la consideró como una forma de “desescalar la violencia y a esclarecer la situación de violaciones a derechos humanos”.

Aparecen en esta nota:

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - internet@dpopular.com.ar

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados