Por la crisis bancaria que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros pedían jucio político para el presidente paraguayo. Pero se anticipó y dejó su cargo.
La crisis financiera que sacude a Paraguay, uno de los países que Javier Milei suele presentar como modelo económico para la Argentina, dejó a casi 3 millones de personas sin acceso a sus ahorros, provocó una caída del 35% en las ventas comerciales y desató un escándalo político que amenazaba la continuidad del presidente Santiago Peña. Hasta que renunció.
La intervención de Ueno Bank expuso una trama de presuntas irregularidades crediticias, vínculos empresariales con el poder político y fallas en los controles del sistema financiero. El conflicto llegó al Congreso, donde la oposición impulsaba un pedido de juicio político contra el mandatario.
El impacto social es uno de los aspectos más delicados del derrumbe de la entidad. A junio de 2026, Ueno Bank contabilizaba 2.941.996 clientes, una cifra cercana a la totalidad de los 3,2 millones de personas ocupadas en Paraguay. Además, alrededor de 500.000 usuarios utilizaban exclusivamente sus servicios, por lo que quedaron directamente afectados cuando se suspendieron las operaciones. Entre los damnificados hay jubilados, trabajadores de bajos ingresos y pequeños emprendedores que dependían de sus cuentas para cobrar, transferir dinero y administrar sus gastos cotidianos.
La decisión del Banco Central del Paraguay, adoptada el lunes 2 de noviembre, interrumpió los servicios de la entidad y dejó a sus clientes sin posibilidad de utilizar tarjetas, retirar efectivo, realizar transferencias o disponer de sus depósitos. La situación provocó una demanda extraordinaria de apertura de cuentas en otros bancos, cuyos sistemas comenzaron a registrar dificultades ante la llegada masiva de nuevos usuarios. Para miles de personas, el problema no se limitó a la pérdida temporal de acceso a sus ahorros: también significó quedarse sin una herramienta indispensable para realizar pagos y sostener sus actividades.
Las consecuencias se trasladaron rápidamente a la economía cotidiana. La caída del 35% en las ventas comerciales refleja el efecto de inmovilizar los recursos de una porción significativa de la población. Los pequeños comerciantes y trabajadores independientes que utilizaban Ueno para recibir pagos, comprar mercadería o pagar a proveedores quedaron expuestos a dificultades para mantener sus operaciones. La crisis, de esa manera, superó el ámbito bancario y comenzó a repercutir sobre el consumo y la actividad económica.
La intervención fue consecuencia de un deterioro patrimonial que había alcanzado niveles incompatibles con las exigencias regulatorias. Según las inspecciones del Banco Central, el índice de solvencia de Ueno Bank había descendido al 5,56%, frente al mínimo obligatorio del 12%. Las autoridades también detectaron deficiencias en los mecanismos de evaluación crediticia, inconsistencias en la documentación utilizada para aprobar préstamos y operaciones de financiamiento de gran magnitud con empresas presuntamente relacionadas con el grupo controlador.
Las irregularidades obligaron a introducir correcciones contables superiores a 1,6 billones de guaraníes. A esto se sumó la imposibilidad de recomponer encajes obligatorios por 70 millones de dólares. La investigación penal avanzó sobre las autoridades de la entidad: la Fiscalía imputó a 27 personas y solicitó la prisión preventiva para el fundador y principal accionista, Miguel Vásquez, mientras que otros directivos quedaron bajo investigación por presuntas maniobras financieras irregulares.
Para los ahorristas, la principal incertidumbre es cuándo podrán recuperar sus depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura equivalente a 75 salarios mínimos, actualmente unos 228,3 millones de guaraníes, alrededor de 38.600 dólares por depositante. El Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por persona, aproximadamente 1.675 dólares. El resto de los depósitos cubiertos deberá devolverse mediante un cronograma oficial, mientras que quienes superen el límite de garantía dependerán del proceso de recuperación de activos.
La crisis también comprometió recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones cercanas a 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes a aproximadamente el 9% de su cartera. La entidad administraba, además, el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. También quedaron involucrados fondos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú, lo que amplió la preocupación por el alcance del impacto financiero.
Las consecuencias económicas y sociales también alcanzaron directamente al presidente Santiago Peña, quien había sido accionista de Ueno Holding y mantuvo vínculos empresariales con el grupo hasta marzo de 2025. Las sospechas se profundizaron porque, después de asumir la Presidencia, designó al entonces titular de Ueno Bank, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, organismo encargado de supervisar a las entidades financieras. Carvallo terminó presentando su renuncia en medio del escándalo.
El caso abrió una disputa institucional de dimensiones inéditas para la administración paraguaya. 35 legisladores opositores respaldaron el impulso de un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, aunque para avanzar con la destitución se necesitan 53 votos. La posibilidad de que la iniciativa consiga apoyos dentro del propio Partido Colorado agrega presión sobre el mandatario, en medio de las protestas y los reclamos de los ahorristas.
El episodio también interpela el discurso económico de Javier Milei, que suele presentar a Paraguay como una referencia por su estabilidad macroeconómica, sus bajos impuestos y su apertura a la inversión privada. La crisis de Ueno Bank expuso los riesgos de una expansión financiera acelerada cuando los controles resultan insuficientes y mostró que las consecuencias de un derrumbe bancario pueden extenderse mucho más allá de los balances: alcanzan los ahorros familiares, las jubilaciones, el trabajo y el funcionamiento cotidiano de la economía.