El funcionario, de alto rango en Chile, está siendo investigado por supuesta malversación de fondos públicos en la compra de pasajes aéreos.

El comandante en jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, presentó este miércoles su renuncia al cargo un día antes de que declare como culpable ante la justicia castrense por supuesta corrupción en una causa más amplia conocida como "Milicogate".

"Pese a que debería contar con la presunción de inocencia, de la que goza todo ciudadano pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército", dijo el general ante la plana mayor militar.

El ya ex comandante en jefe declarará el jueves ante la justicia castrense por supuesta malversación de fondos públicos en la compra de pasajes aéreos, que podrían haber sido usados por familiares de militares.

"Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución", agregó Martínez durante un acto en el que rindió cuentas sobre su gestión en el periodo 2018-2022.

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Su dimisión se produce además una semana antes de dejar oficialmente el cargo el 9 de marzo y diez días antes de que tome posesión el presidente electo, Gabriel Boric. Le sustituirá en el cargo la semana que viene el general Javier Iturriaga, nombrado el pasado noviembre por el mandatario saliente, Sebastián Piñera.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que hasta la llegada de Iturriaga, y de manera interina, asumirá el puesto el general Rodrigo Ventura.

La renuncia de Martínez tiene lugar en plena vigencia del Estado de Excepción en varias zonas del norte y sur del país, lo que implica de facto una militarización.

En la frontera norte con Bolivia, el Gobierno decretó el Estado de Excepción hace dos semanas por la crisis migratoria que mantiene a miles de migrantes irregulares vagando por distintas ciudades, mientras que en sur la medida está vigente desde octubre debido a la violencia derivada del conflicto territorial que enfrenta desde hace décadas al principal grupo indígena con grandes forestales

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