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A pesar del pedido de Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, de adelantar las elecciones en el país, las manifestaciones continúan y aumentan los fallecidos.
A partir de la destitución de Pedro Castillo, la cual se llevó a cabo el 7 de diciembre luego de que se lo acusara de realizar un autogolpe de Estado, se comenzaron a registrar protestas a lo largo de todo Perú, que dejaron al menos 7 muertos -incluyendo dos adolescentes- en enfrentamientos con la policía.
La actual presidenta del país, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia "en las zonas de alta conflictividad social" y presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
El objetivo de Boluarte era tranquilizar a los manifestantes, pero no lo logró hasta el momento, dado que en las protestas del día de ayer, los ciudadanos opositores a sus medidas bloquearon el aeropuerto de la segunda ciudad más grande del país, Arequipa.
Aproximadamente, unos 2.000 manifestantes invadieron la pista aérea, rompiendo la iluminación, quemando cabinas de seguridad y forzando el cierre del aeropuerto. Luego de un par de horas, las autoridades lograron recuperar el control de los predios usando gas lacrimógeno para dispersar a los violentos.
La empresa Aeropuertos Andinos del Perú, que opera el aeropuerto, dijo que estaba "haciendo una evaluación de los daños para verificar que la pista, instalaciones y aspectos de navegación se encuentren en condiciones óptimas para reanudar operaciones de manera segura".
Otra de las consecuencias que generaron las manifestaciones en Lima, capital de Perú, fue la suspensión de clases hasta el 13 de diciembre para “salvaguardar la integridad física y emocional de nuestra comunidad”, señaló la Región de Educación de Lima Metropolitana.
Estado de emergencia
Los nuevos gobernantes de Perú decretaron a partir del lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento -circunscripciones políticas, administrativas y jurídicas de mayor nivel en que se divide Perú- de Apurímac, epicentro de las protestas.
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Durante esos 60 días quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a “la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.
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