Arruga: piden jury de fiscal y juez por “espiar” a la familia

El anuncio fue formulado ayer, en una conferencia de prensa, por el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, que denunció ante la secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios a la fiscal Celia Cejas Martín y al juez de Garantías Gustavo Banco, ambos de La Matanza.

Chillier explicó que las "pinchaduras telefónicas" a la familia de Arruga (de 16 años y quien fuera, visto por última vez el 31 de enero de 2009) se extendieron desde abril de ese año hasta agosto de 2010, mientras en simultáneo se investigaba a un grupo de policías como sospechosos.

"Esto plantea el problema estructural en la instrucción de la causa, se desvió la investigación, se controló a la familia y todo se hizo de manera secreta", sostuvo Chillier, quien recordó que los fiscales pueden tener legajos secretos y en este caso, allí se guardaban las conversaciones. "La fiscal pidió quince veces que se extiendan las intervenciones telefónicas en vez de investigar a los principales sospechosos y el juez lo justificó porque decía que era para saber del paradero de Luciano", enfatizó.

Este hecho indica que la fiscal sospechaba que los familiares estaban involucrados o al menos ocultaban información, consideró el director del CELS, quien explicó que esta situación se conoció a partir de que la causa pasó en febrero a la Justicia federal y "con cinco meses de demora, la fiscal mandó este legajo donde surge que la madre y la hermana fueron intervenidas telefónicamente".

Con remeras que recuerdan a Luciano Arruga, su madre, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta, junto a sus abogados repudiaron la actuación de los funcionarios judiciales.

"Se han metido en nuestra intimidad, investigaron nuestros teléfonos como el de los policías. Nos criminalizaron por nuestra situación de clase, por venir de un barrio pobre", sostuvo la joven.

Además, recordó que la primera fiscal del caso, Roxana Castelli, después de pasar 45 días sin atender su denuncia, le tomó declaración a un testigo que dijo que vio a Luciano Arruga en el Destacamento de Lomas del Mirador muy golpeado, por lo que la Justicia estaba al tanto de que podía haber sido víctima de policías.

"Nosotros no secuestramos a Luciano, nosotros no manejábamos el patrullero en el que se lo llevaron, nosotros no lo torturamos. Tienen que investigar a los ocho policías", enfatizó Vanesa Orieta, quien dijo que ya no tiene esperanzas de encontrar a su hermano.

Por su parte, Mónica Alegre dijo: "Esta es la Justicia que tenemos los pobres" y repudió que a ellos los juzgaron durante años como si hubieran sido responsables de la desaparición de su hijo.i