Los jugadores aseguran que invirtieron en viviendas para remodelar y alquilar en Maryland, pero encontraron propiedades abandonadas, deudas y obras inconclusas. La causa avanza en La Plata.
Siete futbolistas argentinos denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria en EE.UU, luego de invertir un total de US$2.125.000 en un negocio que prometía comprar, remodelar y alquilar viviendas en Baltimore, Maryland. Los damnificados aseguran que les ofrecieron un sistema de inversión “llave en mano”, con una rentabilidad anual estimada de entre el 10% y el 11%, pero encontraron propiedades deterioradas, obras sin terminar y compromisos económicos incumplidos.
Entre los denunciantes se encuentran Leonardo Jara, quien habría aportado US$520.000; Ezequiel Cerutti, con US$320.000; Lucas Rodríguez, con US$180.000; Gonzalo Maroni, con US$170.000; Juan Francisco Brunetta, con US$105.000; Alejandro Gastón Mena, con US$110.000; y Facundo Fraga, que habría invertido US$ 720.000. La causa también incluye a otros particulares que aseguran haber entregado dinero para participar del mismo emprendimiento.
La propuesta consistía en adquirir inmuebles en Baltimore, realizar las refacciones necesarias y luego ponerlos en alquiler. Los responsables del negocio se encargaban, según lo ofrecido, de administrar todo el proceso para que los inversores recibieran una renta sin tener que ocuparse de las tareas. Para generar confianza, organizaron reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, además de recorridas por las propiedades en Estados Unidos.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los inversores comenzaron a advertir diferencias entre lo prometido y el estado real de los inmuebles. En algunos casos encontraron viviendas abandonadas, con obras inconclusas o problemas estructurales; en otros, detectaron deudas, ocupaciones y dificultades vinculadas con permisos y registros. También denunciaron que los pagos por alquileres, que inicialmente se habían realizado, comenzaron a presentar irregularidades hasta interrumpirse entre fines de 2023 y 2024.
La presentación judicial también alcanza a Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti, que habría invertido US$79.000 y participado en el acercamiento de algunos jugadores al proyecto. A ese reclamo se sumaron otros tres particulares: Héctor Remorini, Pablo Tomás y María Laura Maill, que denunciaron pérdidas por unos US$ 475.000. De esta manera, el monto total reclamado por los distintos damnificados supera los US$ 2,6 millones.
La investigación apunta a un grupo de socios comerciales y otras personas vinculadas con la administración del emprendimiento. Entre las firmas mencionadas aparece FPBC LLC, presentada como parte de la estructura utilizada para desarrollar las operaciones inmobiliarias. Los denunciantes sostienen que confiaron sus ahorros a quienes ofrecían encargarse de las compras, las remodelaciones y la posterior explotación de las viviendas.
La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo representa a parte de los damnificados y solicitó distintas medidas para reconstruir el circuito del dinero, determinar el destino de las inversiones y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Entre las medidas solicitadas figuran declaraciones testimoniales, auditorías contables y pedidos de información societaria e impositiva. También se pidió investigar un fideicomiso familiar denominado Plastigones, constituido en abril de 2024, que habría incorporado cuatro propiedades ubicadas en City Bell, La Plata, General Belgrano y Beccar. La fiscalía ya convocó a denunciantes y requirió documentación para avanzar con el expediente.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial y todavía deben ser probadas. La Justicia deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta, cómo se administraron los fondos entregados por los inversores y qué ocurrió con las propiedades adquiridas en Estados Unidos. Mientras tanto, los damnificados buscan recuperar el dinero que aseguran haber perdido en un negocio que prometía ingresos mediante alquileres y terminó convertido en un conflicto millonario.