El Gobierno pidió medidas urgentes para impedir el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizan en Alemania y hay tres escenarios posibles para la resolución del conflicto.
La Argentina comenzó este martes su defensa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. El reclamo apunta contra el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre y representan un hecho inédito: es la primera vez que el país lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las Malvinas.
La presentación argentina busca que el organismo dicte medidas provisionales para impedir que avance la extracción de hidrocarburos mientras se resuelve la disputa entre ambos países. El Gobierno considera que la explotación de un recurso no renovable podría generar un daño irreversible sobre los derechos argentinos en la plataforma continental.
La delegación oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y cuenta con la participación del embajador Mario Oyarzábal, el subprocurador del Tesoro Santiago Castro Videla y especialistas internacionales en derecho marítimo. Entre ellos se encuentra Marcelo Kohen, quien representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, en 2012.
La estrategia argentina se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en distintas resoluciones de la ONU que reconocen la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante su exposición, los representantes argentinos aclararon que no buscan que el Tribunal del Mar determine quién tiene la soberanía del archipiélago, sino que intervenga para impedir que el Reino Unido avance unilateralmente sobre los recursos naturales de una zona cuya soberanía continúa en disputa.
Uno de los principales argumentos es que el petróleo constituye un recurso no renovable. Por eso, una vez extraído, ninguna sentencia posterior podría devolverlo ni revertir las consecuencias de su explotación. También advirtieron sobre los posibles daños al ambiente marino y las obligaciones internacionales de conservación.
El planteo incluye cuatro pedidos concretos: impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera, evitar que se otorguen nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y garantizar la protección del medio marino.
Del otro lado, el Reino Unido cuestiona que el Tribunal tenga jurisdicción para intervenir en el conflicto y sostiene que tiene derecho a desarrollar las actividades petroleras en las islas. La fiscal general británica, Ellie Reeves, viajó a Hamburgo al frente de un equipo de abogados para defender esa posición.
El Gobierno argentino contempla tres desenlaces posibles para la presentación. El primero es que el Tribunal acepte la totalidad del reclamo y ordene detener las actividades petroleras hasta que se resuelva el arbitraje internacional. Según fuentes oficiales, el Reino Unido se comprometió a cumplir una eventual decisión del organismo.
La segunda posibilidad es una resolución intermedia, en la que los magistrados acepten algunos de los pedidos argentinos y rechacen otros. En ese caso, las medidas dependerán del alcance de cada punto reconocido por el Tribunal.
El tercer escenario es que la solicitud sea rechazada por falta de jurisdicción o porque los jueces consideren que no están dadas las condiciones de urgencia. De todos modos, el procedimiento arbitral iniciado por la Argentina continuaría en marcha.
El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las islas, en un área de 541 kilómetros cuadrados. Las empresas involucradas proyectan comenzar las perforaciones en enero de 2027, con el objetivo de alcanzar la producción comercial en 2028.
La decisión del Tribunal se conocerá después de las audiencias, aunque los plazos estimados varían según las fuentes oficiales y los especialistas. Mientras tanto, el Gobierno anticipó que mantendrá su estrategia diplomática y jurídica para impedir la explotación unilateral de los recursos naturales en las aguas próximas a Malvinas.