La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia y reclamó preservar las cámaras de seguridad y acceder a la documentación del vuelo privado. Myriam Bregman, Juan Grabois y Gabriel Solano también cuestionaron al Gobierno de Milei.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y salió del país en un avión privado. La legisladora pidió determinar si hubo irregularidades en el operativo de traslado y si algún funcionario pudo haber incumplido sus deberes.
La presentación judicial se produjo en medio de la polémica por la salida de Brasil del senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y las sospechas sobre una posible colaboración de funcionarios argentinos. El episodio generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición hacia el Gobierno de Javier Milei.
“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, sostuvo Pagano en una publicación en la red social X, donde anunció la denuncia y reclamó que se esclarezca cómo se desarrolló el traslado.
Entre las medidas solicitadas, la diputada pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También reclamó acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado.
Además, solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, escribió.
El planteo busca determinar si existieron irregularidades en los controles y establecer quiénes intervinieron en el operativo. Las sospechas sobre una eventual colaboración del Gobierno nacional también fueron expresadas por otros dirigentes opositores, aunque la responsabilidad oficial deberá establecerse a partir de pruebas.
La denuncia de Pagano se sumó a las críticas de referentes opositores que reclamaron explicaciones al Presidente por el episodio y cuestionaron su vínculo político con el espacio de la familia Bolsonaro.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman pidió que los principales funcionarios del Gobierno aclaren si el senador brasileño pasó por el país. “Las máximas autoridades del Gobierno deben aclarar si Bolsonaro, el amigo en fuga de Milei, pasó por la Argentina”, escribió.
Bregman también cuestionó lo que consideró un doble estándar de los sectores de derecha frente a la aplicación de la ley. Según planteó, quienes proclaman la necesidad de imponer mano dura recurren a la protección de dirigentes aliados cuando enfrentan problemas judiciales.
Por su parte, el legislador porteño y presidente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reclamó que se investigue una eventual intervención del Gobierno argentino. “Debe investigarse si Milei no colaboró con Bolsonaro para que se fugue de Brasil. La internacional de ultraderecha es un aguantadero”, afirmó.
El diputado de Fuerza Patria Juan Grabois también apuntó contra el mandatario argentino y sostuvo que antepone sus intereses personales y su posición ideológica al interés nacional. Además, reclamó que Milei reconozca el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
En tanto, el legislador porteño Leandro Santoro advirtió sobre las consecuencias políticas de no reconocer una victoria electoral, mientras que el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre el eventual ingreso de Flávio Bolsonaro al territorio argentino y su presunta salida en un vuelo privado.
La controversia sumó así dos frentes de presión para la Casa Rosada: por un lado, la denuncia penal que busca esclarecer las condiciones del traslado y, por otro, los cuestionamientos políticos por la relación de Milei con el sector de la derecha brasileña.
Hasta el momento, las acusaciones sobre una posible colaboración del Gobierno argentino constituyen señalamientos que deben ser investigados. La denuncia de Pagano apunta precisamente a reunir documentación y registros que permitan reconstruir el operativo y determinar si existieron responsabilidades penales.