Tras avanzar con la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno habilitó el llamado a licitación nacional e internacional de la Etapa II, que incluye corredores estratégicos del sur bonaerense y la región pampeana. Los pliegos preliminares ya están disponibles.
Luego de la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), Vialidad Nacional dio a conocer cuáles serán los próximos corredores viales que saldrán a licitación.
Se trata de la Etapa II del esquema, cuyo llamado a licitación pública nacional e internacional ya se encuentra habilitado y cuenta con pliegos preliminares disponibles en el sitio oficial argentina.gob.ar.
La nueva etapa comprende dos grandes corredores: el Tramo Sur Atlántico Acceso Sur y el Tramo Pampa, que en conjunto abarcan 1.871,8 kilómetros de rutas nacionales, consideradas estratégicas tanto por su volumen de tránsito como por su impacto productivo y logístico.
El Tramo Sur Atlántico Acceso Sur concentra la mayor extensión, con 1.325,15 kilómetros, e incluye redes viales clave del Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior bonaerense.
Entre ellas se destacan la Autopista Ezeiza–Cañuelas, la Autopista Riccheri, la Autopista Jorge Newbery y amplios tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Este corredor conecta el AMBA con el sur de la provincia de Buenos Aires y zonas productivas, turísticas y portuarias.
En particular, la Ruta Nacional 3 aparece como uno de los ejes centrales de la licitación, con más de 615 kilómetros que se extienden desde el fin de la Autopista Ezeiza–Cañuelas hasta el empalme con la RN 1V03, en dirección a Bahía Blanca.
El segundo corredor, denominado Tramo Pampa, suma 546,65 kilómetros y comprende la Ruta Nacional 5, que une la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, capital de La Pampa. Incluye tanto un corto tramo urbano en Luján como la totalidad del recorrido desde el Acceso Oeste hasta el empalme con la Ruta Nacional 35.
Desde el Gobierno sostienen que el esquema de concesiones busca mejorar el estado de las rutas, garantizar el mantenimiento y optimizar la gestión de corredores clave, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y redefinición del rol del Estado en la obra vial.