Gerardo Pollicita consideró que no pudo refutar el origen de los US$ 565.000 declarado por Adorni y pidió que se investigue una posible evasión fiscal.
El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que no existen pruebas suficientes para afirmar que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por el Gobierno. En un dictamen presentado ante el juzgado federal de Ariel Lijo, consideró que la investigación no logró desmentir la explicación del exjefe de Gabinete sobre el origen del dinero utilizado para comprar propiedades, realizar reformas y afrontar viajes.
Por ese motivo, Pollicita pidió que la causa pase al fuero penal económico para determinar si hubo evasión impositiva. Si Lijo acepta el planteo, Adorni no será sobreseído, pero su situación patrimonial quedará bajo análisis de esa jurisdicción.
El dictamen se conoció después de que la investigación pusiera bajo la lupa el crecimiento de los bienes y el nivel de gastos del exfuncionario y su familia desde su llegada al Gobierno de Javier Milei. El eje de la pesquisa fue establecer si esas erogaciones podían justificarse con los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
La defensa del exjefe de Gabinete sostuvo que el dinero provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública. Según esa explicación, los fondos permanecieron sin declarar ante el fisco y tampoco fueron incluidos en sus presentaciones originales ante la Oficina Anticorrupción.
Con la investigación avanzada, Adorni modificó sus declaraciones juradas e incorporó más de US$565.000 a su patrimonio bajo el concepto de “venta de activos”. El fiscal consideró que esa explicación resulta “poco verosímil” y que su comportamiento es incompatible con la transparencia que exige la función pública, aunque señaló que no pudo probar un origen diferente del dinero.
En su dictamen, Pollicita sostuvo que la tenencia de moneda extranjera declarada de manera rectificativa, que la defensa atribuyó a operaciones con Bitcoin, no pudo ser desvirtuada por la fiscalía. La conclusión no implica que el origen de los fondos haya sido comprobado, sino que la investigación no reunió elementos para descartar la versión del exfuncionario.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue el análisis de ocho billeteras virtuales en las que se registraron operaciones entre 2014 y 2018. Adorni afirmó que le pertenecían y facilitó las claves de acceso para que la fiscalía pudiera examinarlas.
A partir de esas medidas, los investigadores comprobaron que el exfuncionario tenía acceso a las billeteras, pero no lograron establecer que hubiera sido su titular durante el período en que se realizaron las operaciones. Para Pollicita, la prueba tampoco permitió descartar que Adorni hubiera tenido el control de esas direcciones.
La fiscalía también analizó si Adorni y su esposa contaban con capacidad económica para realizar la inversión inicial de aproximadamente US$200.000 en Bitcoin que mencionó el exjefe de Gabinete. Tras reconstruir los ingresos del matrimonio antes de su llegada al Gobierno, concluyó que ese desembolso era compatible con su situación económica.
En una entrevista con LN+, Adorni reconoció que había cometido un error por no declarar los fondos y aseguró que pagaría los impuestos, las multas y los intereses correspondientes. Esa explicación forma parte de la discusión sobre el origen del patrimonio, mientras que el eventual incumplimiento tributario deberá ser evaluado por el fuero penal económico si prospera el pedido del fiscal.
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