"No creo que el gobierno pueda endurecerse mucho. Si lo hicieran es que no saben donde vivimos: el país está dividido", dispara Roberto Fernández, titular de UTA (colectiveros).
Desde el oficialismo, en tanto, por un lado tensan el discurso hacia los gremios y al mismo tiempo insisten en seguir trabajando en lograr acuerdos ‘sector por sector’ para continuar generando oportunidades y nuevos empleos.
El día después del primer paro general contra el gobierno macrista no arroja significativas novedades en el vínculo entre el Ejecutivo y la cúpula de la CGT. Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con retomar el diálogo pero hasta el momento no coinciden en el método. Lo cierto es que las mesas de Trabajo y Producción, como las que se llevaron a cabo el año pasado, parecen haber quedado atrás.
En diálogo con este diario, Fernández, titular de un gremio que tuvo mucha influencia en el éxito de la medida de fuerza del último jueves, sostiene que ‘del paro tendrían que sacar provecho las dos partes para poder volver a encontrarse. El gobierno debería repensar que reuniones como las de diciembre pasado no tienen sentido porque no arrojan resultados’.
Empero, el titular del sindicato de los colectiveros remarca que ‘el lunes el gobierno debería convocar a una mesa para que la Producción y el Trabajo sean política de estado, donde lógicamente no solo se traten salarios y de la que tendría que volver a participar la Iglesia’.
Al momento de analizar la actual postura del oficialismo, Fernández recuerda que ‘hoy dicen que se generan más puestos de trabajo pero la realidad es que se van más de los que se suman’ al mercado. Y, filoso, indica que ‘tenemos que ser serios: comprometernos con la verdad y no amenazar. Si el gobierno no suma 14 o 15 diputados (en las próximas elecciones legislativas) se pudre todo’.
La agenda de reforma sindical que, con más impacto político que práctico, comenzó a implementar el titular de la cartera laboral Jorge Triaca no fue bien recibida por los caciques gremiales. El mismo día del paro oficializó las sugerencias administrativas para los gremios tendientes a endurecer el control legal en temas como cupo femenino, transparencia en los comicios por voto electrónico, por ejemplo, o inhibición a candidatos con causas penales o civiles.
No se trata de una reforma de la ley de Asociaciones Sindicales pero, en los hechos, significa un elemento de presión para la cúpula cegetista. De todos modos, con la actual composición del Congreso sería una utopía que el macrismo consiguiera sancionar una ley de reforma sindical.
Ayer en el gobierno insistían con su vocación de diálogo. ‘Negociar por sector permite alcanzar soluciones rápidas y generar más trabajo. Las mesas largas, con cúpulas sindicales, sirven para encarar reformas de mediano y largo plazo’, apuntaron.
Cerca del ministro Triaca reconocen que continúa dialogando con Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, para Trabajo ‘los dos referentes con más peso’ de la cúpula sindical.
Allegados a los jefes sindicales, en tanto, deslizaron que ayer no hubo contactos con el oficialismo.
Por su parte, el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, de buen diálogo con los gremios, desde hace unos días está abocado a intentar a resolver el conflicto con la empresa SanCor.
En medio de un proceso de achicamiento, la usina láctea anunció que prevé suspender a distintos empleados y que además sufrirán la quita de un 25% de sus sueldos.