La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados debatirá un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas.
En medio de la presión opositora, la comisión de Discapacidad realizará este miércoles una reunión informativa con la presencia del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y de otros dos funcionarios del área para dar cuenta de las medidas implementadas a fin de revertir la crisis del sector.
Con la oposición al acecho tras el anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario, el cuerpo que preside el libertario Gerardo Huesen se reunirá este miércoles desde las 16 para escuchar a la máxima autoridad del área, al subsecretario de Política de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
Mientras una confluencia de bloques opositores presiona para llevar al recinto la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad (que el Poder Ejecutivo se resiste a aplicar en su totalidad con justificaciones fiscales), el oficialismo busca frustrar el quórum de dicha sesión y centra su estrategia en mostrarle a los "dialoguistas" la buena predisposición del Gobierno para diagnosticar en la "casa del pueblo" el cuadro de situación y las supuestas mejoras implementadas en el sistema.
La situación en el área de discapacitados está marcada por la suspensión de prestaciones de obras sociales, prepagas y profesionales por la interrupción en la cadena de pagos, la baja de pensiones por invalidez y la falta de actualización de los aranceles acorde al aumento del costo de vida.
Por un lado, los valores del nomenclador para abonar terapias, transporte y centros educativos quedaron muy atrasados frente a la inflación acumulada.
El Gobierno actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas con aumentos mínimos y los valores de los aranceles quedaron completamente desactualizados respecto al costo real de vida, lo que vuelve inviables servicios críticos como el transporte adaptado o los centros de día.
Además, las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que corta la cadena de pagos a los profesionales.
Como consecuencia, los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos) sufren deudas crónicas y han llegado a suspender tratamientos de forma masiva debido a que "trabajan pero no cobran".
Otro foco de conflictividad tiene que ver con el recorte masivo y freno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral.
Bajo la premisa de revisar el otorgamiento de beneficios, el Gobierno dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral y mantiene en un "limbo" administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas.
Además, se reestableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder o conservar la pensión.
El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo estaba plagado de irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes, justificando las auditorías estrictas y un reempadronamiento para dar de baja beneficios mal asignados.
Sostiene como argumento central que entre 2003 y 2023 el número de pensiones por invalidez creció de forma "exponencial e injustificada" (pasando de 76.000 a 1,2 millones), y considera que una gran parte de esos beneficios fueron otorgados de manera irregular o por clientelismo político.
La oposición en el Congreso impulsa proyectos para prorrogar y garantizar la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
Esta norma obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento adecuado, actualizar pensiones de forma sostenible y cancelar las deudas con los prestadores.
Actualmente, la oposición presiona en el Congreso para prorrogar esta emergencia hasta fines de 2027, mientras el oficialismo busca bloquearla e intenta debatir nuevas condiciones para limitar el gasto.
Organizaciones civiles, profesionales y familiares han impulsado denuncias penales contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios bajo la figura de "abandono de persona", acusándolos de violar de forma deliberada el acceso a la salud y la supervivencia básica.
También acudieron a organismos internacionales como la ONU para denunciar la vulneración de tratados de Derechos Humanos.
El conflicto recrudeció tras una investigación judicial por presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que provocó el desplazamiento del anterior director, Diego Spagnuolo, y desencadenó numerosas protestas urbanas.