Los Prestadores de Discapacidad se declararon en estado de alerta debido a la falta de transferencia de fondos desde la Superintendencia de Servicios de Salud dependiente del Gobierno Nacional hacia las obras sociales correspondientes a las prestaciones del mes de junio.
En un nuevo ajuste hacia los más débiles, la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar los fondos para discapacidad y los profesionales que trabajan en el sistema de atención de anunciaron que suspenderán los tratamientos a partir del lunes 31 de agosto.
La Asociación de Prestadores de Discapacidad (Aspredis) denunció un “corte total de la cadena de pagos” y aseguró que la problemática afecta a trabajadores de distintos puntos del país. La entidad estimó que en esa ciudad son más de 700 los prestadores afectados.
La medida afecta a profesionales de terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología y psicopedagogía, entre otras disciplinas.
"No sé sabe si es ARCA o qué, pero deben mayo, e incluso desde antes. Dicen que hoy, que mañana, pero hace 10 días que esperamos. Por eso es que nos organizamos, el lunes se suspenden los tratamientos y vamos a marchar”, señaló una prestadora.
Los atrasos en los pagos no afectan solamente los ingresos de los profesionales, sino que también generan dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de los espacios donde se desarrollan las terapias.
“Lo que pasó es que se interrumpió la transferencia. No sabemos si de Superintendencia a ARCA, o de ARCA a las obras sociales. A esta altura del mes deberíamos tener la mayoría de las transferencias, pero hoy tenemos cero pesos", indicó la profesional.
El último martes, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, a aplicar en los pagos correspondientes a a agosto.
La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, tomó la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
Los trabajadores reclaman aumentos superiores, ya que durante muchos meses el Gobierno no movió ese nomenclador con lo cual los valores están muy atrasados con relación a la inflación acumulada. Y, además, que se pague.
La crisis se desarrolla además mientras el Congreso discute nuevamente la Emergencia en Discapacidad.
El miércoles, distintos bloques opositores reunieron 133 votos para intentar incorporar al debate la prórroga de la emergencia, pero no alcanzaron la mayoría especial requerida para apartarse del reglamento. Hubo 107 votos en contra y 11 abstenciones.
Tras esa votación, la oposición anunció una sesión especial para el 9 de septiembre, en la que buscará volver a tratar la emergencia y otros proyectos.
En paralelo, este jueves la Cámara de Diputados bonaerense sancionó la adhesión de la provincia a la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y a la Ley 26.816, sobre empleo protegido para personas con discapacidad, en una señal de avance provincial mientras persisten los reclamos por el funcionamiento del sistema a nivel nacional.
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