La medida fue adoptada por la justicia para garantizar el decomiso de $685.000 millones establecido en la sentencia que condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso un embargo preventivo sobre el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, como parte de una nueva etapa de ejecución patrimonial de la condena por la Causa Vialidad. El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner.
La medida fue adoptada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso para garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos alcanzados por el decomiso de $685.000 millones establecido en la sentencia que condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El embargo no implica por ahora una subasta ni una realización inmediata del departamento y tampoco modifica su titularidad registral, sin embargo, la decisión abre el interrogante sobre si Cristina Kirchner podría eventualmente tener que evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena.
La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial, la primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para avanzar con su decomiso.
De ese primer grupo, el tribunal había dispuesto en noviembre avanzar sobre 20 inmuebles vinculados con la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados. En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese criterio y ordenó avanzar con el decomiso.
Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer conjunto de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos.
Esta nueva etapa comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades. Entre los activos alcanzados también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria. Según el TOF 2, entre 2003 y 2015 existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.
Durante ese período, las compañías de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner, tanto de manera personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Para el tribunal, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.
Con esta nueva resolución, el TOF 2 mantiene abierta la ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad y busca preservar los bienes alcanzados mientras se define su situación jurídica. El proceso continuará en paralelo con los recursos pendientes ante la Corte Suprema sobre el primer grupo de propiedades.