La comunidad académica impulsará otra jornada con actividades educativas, en reclamo contra la suspensión de la normativa aprobada por el Congreso e incumplida por el Estado. Esta vez, frente al Palacio de Justicia: “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”.
Las universidades públicas volverán a salir a la calle este martes con una jornada de clases abiertas frente al Palacio de Tribunales, para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), incumplida hasta la fecha. La convocatoria se desarrollará entre las 11 y las 17 bajo una consigna clara: “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”.
La protesta reunirá a docentes, estudiantes y autoridades académicas de distintas facultades, que buscarán visibilizar el impacto del ajuste presupuestario sobre el sistema educativo superior. La actividad se realiza a tan solo dos semanas de la masiva Marcha Federal Universitaria por el mismo reclamo y parece que las voces seguirán alzándose cada vez más.
Desde la organización advirtieron que el recorte afecta salarios, becas, investigación y funcionamiento de las universidades nacionales. Además, hicieron hincapié en la necesidad de una respuesta urgente para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
A partir de las 15 participarán figuras del ámbito político y universitario. Entre ellas, estarán la abogada y docente de la UBA Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.
El Gobierno de Javier Milei mantiene suspendida la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de que la norma no establece una fuente específica para cubrir el incremento de gastos operativos y salarios docentes. Sin importar el incumplimiento de una ley ya vigente, desde la Casa Rosada sostienen que la medida pone en riesgo el equilibrio fiscal.
Cabe recordar que la normativa fue aprobada por el Congreso en dos instancias diferentes, durante 2024 y 2025, tras superar cuatro votaciones legislativas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió frenarla mediante un decreto y apeló distintos fallos judiciales vinculados al tema.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúa con el reclamo judicial y presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ya quedó en condiciones de avanzar con una resolución definitiva sobre el conflicto.