Tras tres semanas de paro, un fallo judicial declaró "ilegítima" la suspensión de la ley por decreto. El Gobierno nacional deberá cumplir con la normativa votada en el Congreso.
El Gobierno deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada en el Congreso el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Finalmente, la apelación presentada por el Poder Ejecutivo fue rechazada por la Justicia, que hizo hincapié en que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría.
Asimismo, el tribunal desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y hasta se animó a calificarlos de “poco serios”.
El fallo también exigió la recomposición salarial para docentes y no docentes, abarcando el periodo desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025. Además, la Justicia resolvió que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y fue contundente al aseverar que la suspensión de la ley por decreto es directamente “ilegítima”.
Hay que recordar que el mes pasado, el Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, había apelado la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley. Esa cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución judicial llega justo después de un reclamo conjunto entre el CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector. El fallo se conoce, además, tras tres semanas de paro nacional universitario que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, donde el eje central de la lucha sigue siendo la recomposición salarial frente a la inflación acumulada.
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