Una coalición integrada por 15 estados y territorios estadounidenses recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos para respaldar la postura de los fondos litigantes que buscan revertir la decisión que eximió al país de abonar una condena de 16.100 millones de dólares.
Tras un fallo favorable para la República Argentina, la disputa judicial por la estatización de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Washington. Una coalición integrada por 15 estados y territorios estadounidenses recurrió a la Corte Suprema de los Estados Unidos para respaldar la postura de los fondos litigantes que buscan revertir la decisión que eximió al país de abonar una condena de 16.100 millones de dólares.
La iniciativa, liderada por el estado de Missouri, ingresó el pasado viernes 30 de octubre bajo el formato de amicus curiae, una figura legal que faculta a terceros no involucrados en la contienda a brindar consideraciones jurídicas al tribunal.
Los firmantes cuestionaron la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año anuló la sentencia millonaria dictada contra la Argentina. Consideraron que el criterio adoptado podría sentar un precedente que permita a otros países utilizar sus propias leyes para evitar reclamos judiciales en territorio estadounidense.
El documento sostiene que los jueces interpretaron de manera incorrecta la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que establece las condiciones bajo las cuales un Estado extranjero puede ser demandado ante los tribunales norteamericanos.
Desde la óptica de los demandantes, convalidar la postura del Segundo Circuito sentaría un peligroso precedente que permitiría a otros países eludir litigios en EE.UU. mediante la sanción de normas domésticas a medida. Para ilustrar su posición, los funcionarios citaron las demandas que Missouri y Mississippi entablaron contra China por conductas comerciales durante la pandemia de coronavirus, donde se denunció acaparamiento de insumos sanitarios, productos defectuosos y prácticas desleales. En ese sentido, remarcaron que si Pekín pudiera blindarse con su propia legislación para litigar únicamente en suelo chino, se perjudicaría la protección de los ciudadanos estadounidenses.
El respaldo de los estados norteamericanos generó distintas interpretaciones sobre su posible impacto en el expediente.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la composición política de los firmantes podría restarle peso a la presentación.
“Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, sostuvo en su cuenta de X.
Soler también cuestionó el argumento jurídico utilizado por los estados y advirtió que parte de una interpretación equivocada del fallo favorable a la Argentina.
“La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio”, afirmó.
La distinción es relevante porque el tribunal de apelaciones no rechazó intervenir en el caso por falta de jurisdicción, sino que analizó los reclamos y concluyó que, de acuerdo con la legislación argentina aplicable, los demandantes no tenían derecho a obtener la indemnización contractual que habían reclamado.
Esa interpretación fue la que permitió dejar sin efecto la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska, en septiembre de 2023.
El expediente llegó al máximo escalón de la justicia estadounidense por iniciativa de Petersen Energía y Eton Park, firmas financiadas por el fondo Burford Capital, con el objetivo de resucitar la condena económica contra el Estado nacional.
Pese a la presión ejercida por el grupo de estados, la Corte Suprema de los Estados Unidos aún no resolvió si aceptará tomar la apelación o si desestimará el recurso, lo que dejaría firme la sentencia que benefició al país. De momento, la presentación actúa como un respaldo de parte pero no altera la vigencia del fallo actual.
En las semanas venideras se prevé el ingreso de nuevos escritos de amicus curiae a favor y en contra de la posición argentina. Paralelamente, se aguarda una posible intervención del procurador general estadounidense, John Sauer —con pasado como fiscal general en Missouri—, en caso de que el tribunal supremo decida requerir formalmente el criterio del gobierno federal.
En lo inmediato, el calendario procesal establece como fecha límite el próximo 2 de diciembre, plazo concedido tras una prórroga otorgada a la defensa del Estado argentino y de YPF para contestar las presentaciones. A partir de esa etapa, los magistrados de la Corte definirán si dan curso a la revisión o sellan de forma definitiva el resultado del pleito.