La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al planteo de los presuntos testaferros y ordenó que el expediente continúe bajo la órbita del juez Adrián González Charvay.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, tal como pretendían Luciano Pantano y Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de dirigentes de la entidad. La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia.
El expediente quedará nuevamente en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, aunque antes deberá pasar formalmente por la Cámara Federal de San Martín para que ese tribunal lo remita al juzgado. La resolución contradice lo dispuesto anteriormente por la Cámara en lo Penal Económico y también los dictámenes de los fiscales que intervinieron en el caso.
La investigación comenzó hace ocho meses a partir de la sospecha sobre una fastuosa casaquinta ubicada en Pilar, que figura a nombre de Pantano y Conte. El primero es monotributista y al momento de la denuncia registraba una deuda bancaria de poco más de $2 millones, mientras que su madre es jubilada y durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La propiedad cuenta con un haras, una importante colección de automóviles, varios de ellos de alta gama, y un helipuerto. La hipótesis investigada sostiene que el inmueble pertenecería en realidad a dirigentes de la AFA y que Pantano y Conte serían sus testaferros. Entre los principales apuntados por las sospechas aparece Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
El expediente fue ampliándose con el paso de los meses y alcanzó a empresas vinculadas con la AFA. Entre ellas aparece TourProdEnter, sociedad que recaudaba dinero de la entidad en distintos lugares del mundo y que está relacionada con Guillermo Faroni. También hubo presentaciones de la Coalición Cívica que extendieron la investigación y plantearon una posible trama de lavado de activos.
El caso atravesó distintos fueros desde su inicio. Primero estuvo en Comodoro Py, luego pasó al fuero Penal Económico y posteriormente llegó a la Justicia de Campana a partir de una inhibitoria presentada por Pantano y Conte. Más tarde regresó al fuero Penal Económico y ahora, tras el fallo de Casación, volverá a Campana.
La discusión por la competencia se centró en determinar si la investigación debía continuar en el fuero Penal Económico o en el juzgado federal de Campana. Quienes defendieron la segunda opción sostuvieron que la ubicación de la propiedad en Pilar justificaba esa jurisdicción, mientras que la postura contraria consideró que la quinta era solo uno de los elementos de una investigación más amplia vinculada con una eventual maniobra de lavado.
En su fallo, Borinsky y Barroetaveña sostuvieron que no existe una norma que asigne automáticamente al fuero Penal Económico las investigaciones relacionadas con lavado de activos. Según los jueces, el expediente no investiga una infracción tributaria o aduanera que justifique la intervención de ese fuero especializado.
“Establecido entonces que el delito de lavado de activos es competencia federal y ceñido el caso a determinar la competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 10 y el Juzgado Federal de Campana, queda por demás claro que es a esta última judicatura a quien corresponde continuar con la investigación de las presentes actuaciones”, sostuvo la mayoría.
Slokar votó en disidencia y consideró que el planteo de Pantano y Conte no debía ser admitido, al entender que Casación no debía intervenir en una cuestión de competencia de estas características y que no existían elementos para establecer una excepción. De todos modos, coincidió con sus colegas en que los delitos contra el orden económico y financiero, incluido el lavado de activos, corresponden a la Justicia federal.
La intervención de Barroetaveña había sido cuestionada porque el camarista ocupó un cargo dentro de la AFA: hasta noviembre pasado fue presidente del Tribunal de Ética de la entidad. El fiscal ante Casación, Mario Villar, se había opuesto al regreso del expediente a Campana y todavía puede presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, aunque enfrenta un escenario complejo porque la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva.
La causa también atravesó una disputa sobre el domicilio formal de la AFA, establecido en Pilar desde noviembre de 2024, aunque la entidad continúa funcionando operativamente en su histórico edificio de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras el expediente permanecía en el juzgado Penal Económico número 10, a cargo de la subrogante Verónica Stracia, la investigación había sido delegada por primera vez en el fiscal. Ahora, el fallo de Casación ordenó que el juez González Charvay vuelva a hacerse cargo del expediente y continúe con una investigación que ya incorporó numerosos elementos sobre la propiedad y las empresas vinculadas a la AFA.