El máximo tribunal le dio 60 días al Gobierno nacional para responder a la demanda de la provincia de Buenos Aires, que cuestiona la eliminación del fondo destinado a compensar los costos del transporte público en el interior.
La Corte Suprema aceptó intervenir en la demanda presentada por el gobierno de Axel Kicillof contra el Estado nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del interior del país. Como primera medida, le otorgó al Gobierno de Javier Milei un plazo de 60 días para responder al reclamo.
Una vez que se cumpla ese plazo o se presente la contestación, el máximo tribunal resolverá si corresponde dictar una medida cautelar para ordenar la transferencia de los fondos reclamados ya que la provincia solicitó que los recursos adeudados sean enviados de manera inmediata y efectiva, junto con los intereses correspondientes.
El conflicto se originó con la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, en febrero de 2024, primero mediante un comunicado del Ministerio de Economía, y luego confirmado en marzo de ese año a través del DNU 280/2024.
En su presentación ante la Corte, la administración bonaerense pidió que se declare la "invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica" del comunicado oficial, además de la inconstitucionalidad del artículo 18 que estableció la eliminación del fondo.
La provincia argumentó que la medida provocó una "grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público". También sostuvo que la quita de los subsidios derivó en un importante aumento del boleto de colectivos en el interior del país.
Otro de los cuestionamientos apunta a la legalidad de la decisión ya que, según la provincia, la medida del Ejecutivo nacional "carece de los requisitos constitucionales" y vulnera los principios de legalidad, división de poderes y lealtad federal, además de afectar la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno.
El Fondo de Compensación había sido creado en 2018 mediante la Ley 27.467. La normativa establecía una partida de 6.500 millones de pesos destinada a compensar los desequilibrios financieros del transporte público de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Con la intervención de la Corte Suprema, el Gobierno nacional deberá presentar su respuesta dentro de los próximos 60 días. Luego, los jueces analizarán el planteo de la provincia y decidirán si corresponde avanzar con la cautelar solicitada.