Así lo determinó un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Dispuso aplicar el esquema de actualización aprobado durante la presidencia de Mauricio Macri para el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, vigente entre 2021 y mediados de 2024, y ordenó reemplazarla por el mecanismo contemplado en la ley 27.426, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. El fallo se dictó en el marco de una demanda contra la ANSES y podría generar un impacto económico en el cálculo de las diferencias acumuladas y en la determinación de los haberes posteriores.
En una resolución firmada el último viernes, los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo de Carmen Galletta. Así las cosas, dispusieron que sus haberes jubilatorios sean recalculados con la fórmula anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de entonces, deberá aplicarse el empalme con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei.
El caso presenta una particularidad: la jubilada ya había conseguido una sentencia de reajuste de haberes en 2014, cuya liquidación fue aprobada en 2019. Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social entendió que ese antecedente no impedía evaluar el deterioro que experimentó su prestación como consecuencia de los mecanismos de movilidad aplicados en los años siguientes.
Entre los argumentos del fallo, Fantini señaló que la fórmula establecida durante la presidencia de Alberto Fernández por la ley 27.609, que contemplaba la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no incluía la inflación ni establecía un mecanismo que garantizara un piso de actualización ante una aceleración de los precios.
De acuerdo con el análisis de los magistrados, esa característica provocó un desfasaje entre los aumentos de las jubilaciones y la evolución del costo de vida, con una consecuente pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios.
A la hora de dimensionar el impacto, la sentencia comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomada como referencia, alcanzó el 1.129,07%. A partir de esa diferencia, los jueces estimaron que la pérdida de capacidad de compra de las jubilaciones se ubicó cerca del 46,83%.
El fallo advirtió también que las posteriores actualizaciones atadas a la inflación no fueron suficientes para compensar el deterioro anterior. El fundamento es que, cuando una jubilación ingresa a un nuevo esquema de movilidad con una base de cálculo ya reducida, los aumentos siguientes mantienen esa diferencia en vez de revertirla.
El monto que eventualmente deberá percibir Galletta se establecerá durante la etapa de liquidación de la sentencia. Para determinarlo, deberán descontarse los importes que la beneficiaria ya haya cobrado en concepto de movilidad, adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias. El objetivo es evitar que se produzcan pagos duplicados. Además, la Cámara hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, una condición que limita el alcance de las diferencias retroactivas que podrán reclamarse.
Por otra parte, el tribunal dispuso que los intereses se calculen mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central (BCRA) y estableció que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional.
En cuanto a los topes jubilatorios, declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463, siempre que durante la liquidación se compruebe que su aplicación genera una quita igual o superior al 15%.
La resolución alcanza directamente a una jubilada y no implica un aumento automático para el conjunto de los beneficiarios del sistema previsional. Sin embargo, representa un antecedente relevante para otros litigios en los que se cuestiona la movilidad establecida por la ley 27.609. La Sala II consideró que ya existían elementos suficientes para evaluar las consecuencias de ese mecanismo y concluyó que el deterioro registrado durante su vigencia justificaba declarar su inconstitucionalidad.