La Cámara Baja aprobó los emplazamientos para avanzar con ambos proyectos. El oficialismo acompañó las iniciativas tras quedar en minoría durante la sesión.
La oposición logró imponer en la Cámara de Diputados el cronograma para tratar los proyectos vinculados con la prórroga de la emergencia en Discapacidad y el alivio para los deudores morosos. Los emplazamientos de las comisiones fueron aprobados por unanimidad, luego de que el oficialismo quedara en desventaja numérica y finalmente acompañara las iniciativas.
Para la emergencia en Discapacidad, el plan de trabajo fue aprobado con 249 votos e incluye una primera reunión informativa de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, mientras que el dictamen está previsto para el miércoles 23 a la misma hora. Más tarde, la Cámara también avaló el cronograma para abordar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.
El tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar estará a cargo de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. El cronograma contempla reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre a las 14 y una última reunión para dictaminar el martes 29 de septiembre, también a las 14.
El acuerdo para avanzar con ambos emplazamientos quedó sellado durante la reunión de Labor Parlamentaria, después de que la oposición consiguiera reunir las voluntades necesarias para garantizar el quórum. La sesión comenzó con 130 legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto cuando ya estaba asegurado el quórum reglamentario. La estrategia dejó a la oposición en condiciones de imponer el tratamiento de los proyectos, mientras que el oficialismo terminó acompañando las votaciones ante la falta de margen numérico para resistirlas.
Desde La Libertad Avanza, sin embargo, plantearon una interpretación diferente y señalaron que los cronogramas aprobados eran prácticamente idénticos a los que habían comunicado el 2 de septiembre los presidentes de las comisiones de Discapacidad y Finanzas, ambos pertenecientes al oficialismo. “Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos”, destacaron fuentes libertarias.
El oficialismo también sostuvo que, al conservar la conducción de las comisiones que participarán del tratamiento, La Libertad Avanza “controlará los dictámenes”. Sobre la emergencia en Discapacidad, las mismas fuentes afirmaron: “La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente”.
Durante el debate, el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino, cuestionó la situación del sector y sostuvo que desde la aprobación de la ley “la emergencia se ha agravado”. Según afirmó, "desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar de alta pensiones no contributivas por discapacidad y solo se resolvieron 10.374, lo que representa el 11,4%".
Marino también recordó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni había reconocido que hasta abril de este año el Gobierno acumulaba una deuda de casi 70.000 millones de pesos con los prestadores. Además, señaló que durante 2025 se subejecutó en un 15% el presupuesto destinado a Incluir Salud, por un monto superior a los 135.000 millones de pesos, y afirmó que los transportistas denuncian que el Gobierno valúa actualmente el kilómetro en 900 pesos, una cifra que consideró insuficiente para sostener el servicio.
Por el lado del endeudamiento familiar, el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano fue quien impulsó la moción para emplazar a las comisiones. “Esto coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal”, sostuvo. Juliano consideró que el Congreso debe abordar el problema dejando de lado las diferencias partidarias y buscando respuestas para las familias endeudadas.