Roberto Fernández, titular de la UTA, gremio que anunció un paro por fuera del que llevará adelante la Mesa Nacional del Transporte.
Aunque se veía venir la decisión de no sumarse al paro convocado con camioneros, pilotos, aeronavegantes, metrodelegados del subte, marítimos y portuarios, lo que cambió fue la fecha de la protesta propia, que pasó del 29 al 31. La UTA había formado parte del origen de la Mesa Nacional del Transporte, pero no concurrió a sus dos últimas reuniones con la excusa de que negociaba dentro de la conciliación obligatoria. Sin embargo, al final pesó más la decisión de tomar distancia de los sectores más duros, ya que Fernández es un tradicional adversario sindical de los Moyano.
El encuentro entre representantes de la UTA y del sector empresarial duro menos de una hora y tuvo lugar en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114. “No hicieron ninguna oferta”, revelaron fuentes sindicales. El gremio precisó que "el Estado nacional ha efectivizado mayores aportes para los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año en orden a los $ 17.877.000.000, pese a lo cual las empresas no han ofrecido ningún aumento salarial". Desde las compañías, en tanto, detallaron que cobraron entre tarifas y subsidios unos $ 27.500 millones menos que lo previsto dentro de la estructura de costos aprobada por el Gobieno.
La disputa económica central es que los 40.000 choferes afiliados a la UTA cobran desde julio un sueldo básico de $1.060.000 por mes y buscan un retroactivo a agosto con aumentos graduales para que en diciembre alcance los $ 1.322.000, es decir, un 24,7% de suba en ese período.
La separación formalizada entre los sindicatos del transporte genera dudas sobre el efecto de las dos medidas de fuerza. El funcionamiento normal de los colectivos debilitará el paro de este miércoles de la Mesa Nacional del Transporte y, a su vez, la huelga de la UTA será sólo de los colectiveros.
El objetivo de la medida de fuerza del miércoles es expresar el desacuerdo con el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y el aumento en boletos en estas áreas tras la quita de subsidios. Será a nivel nacional y afectará en gran parte los servicios de transporte público y de carga: camiones, trenes, aviones, barcos y subtes, que se sumaron en último lugar.