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La iniciativa impulsada por el Gobierno contó con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones en Diputados y fue girada al Senado para su tratamiento.
La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La iniciativa contó con 112 a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que sufragaron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la Izquierda. Además, se abstuvieron son los legisladores de JXC Carlos Zapata y Paula Omodeo y los tres diputados del Frente Patria Grande Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman.
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La sanción es considerada clave para el Gobierno, ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad. Entre las diversas reformas que contempla está la que convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia y que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado y tuvo dos dictámenes, uno promovido por el Frente de Todos y otro por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal, donde las principales diferencias estaban planteadas en los niveles de autonomía que tendrá la Unidad de Información Financiera.
Al abrir el debate y explicar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy, destacó que "han participado todos los sectores del Estado vinculados a la prevención del lavado". Por su parte, la legisladora del Frente de Todos, Mónica Litza, afirmó: "Para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional".
En tanto, Mónica Frade, legisladora de la Coalición Cívica, señaló: "A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris".
Por su parte, Alejandro Cacace, diputado de Evolución Radical, consideró que "la UIF tiene que tener una autonomía e independencia funcional que se tiene que llevar a la práctica. Hoy la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo, donde este no cumple con los estándares que marca la UIF".